l país se llena de profetas laicos, sociales. Persisten las violencias, pero surgen más y más voces que denuncian masacres, desplazamientos; pies que buscan a sus seres queridos desaparecidos, sin más afán que ése, sin pretender desestabilizar gobiernos ni obtener saldos político-electorales. Eso fue evidente en la conmemoración el pasado 30 de agosto del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

En Chihuahua, decenas de familiares de víctimas de desaparición forzada, de desplazamientos forzados, y colectivos que las acompañan, como el Cedehm, organizaron varios actos. Comenzaron con una misa, una marcha hasta el Jardín de la Justicia, frente a la Fiscalía General del Estado, donde erigieron un antimonumento conmemorativo de las casi 4 mil personas desaparecidas en la entidad, un bello mural donde dos personas se abrazan al centro, en la parte izquierda predominan los colores oscuros y la palabra fuerza; en la derecha, los colores claros y la palabra esperanza. Ante ese mural titulado Plasmando esperanzas se trazó la historia de las desapariciones forzadas en Chihuahua, desde los años de la guerra sucia en los 70, hasta nuestros días y se reafirmó la voluntad de seguir la búsqueda y la lucha por verdad y justicia.

Se colocaron 189 placas con los nombres de desaparecidos, entre ellos 10 que datan de la guerra sucia. El conductor del acto, Gabino Gómez, del Cedehm, aclaró que colocarían 202 placas, pero no se instalaron al fin las 13 que corresponden a los migrantes desaparecidos en el desierto de Coyame hace dos años, supuestamente víctimas de la disputa por el territorio y del negocio del tráfico de migrantes entre los cárteles, porque la semana antepasada se encontró una fosa clandestina en ese municipio donde se habían sepultado 10 cuerpos y todo indica que se trata de los migrantes desaparecidos el 25 de septiembre de 2021, al tratar de cruzar el desierto hacia Estados Unidos (https://bit.ly/47ZWQn3). Apenas el 5 de septiembre se identificó a nueve de los 10 cuerpos y se confirmó que pertenecen a los migrantes desaparecidos. Se ignora qué sucedió con los tres restantes.

Por si las desapariciones forzadas y las masacres fueran poco, también pendió sobre la conmemoración el más reciente hecho de desplazamiento forzado: el pasado 7 de junio, 58 personas de todas las edades, incluyendo una niña aún en el vientre de su madre, pertenecientes al pueblo ódami (tepehuanes) fueron desplazadas de la comunidad de La Sierrita, Guadalupe y Calvo, en el Triángulo Dorado, por un grupo, cuando rechazaron ser reclutadas por él. Salieron todas, con sólo lo que llevaban puesto, menos un hombre que decidió quedarse. Les quemaron sus viviendas, con todo y muebles, enseres, documentos. Les robaron sus animales y todas sus posesiones. Desde entonces han peregrinado en poblaciones y albergues, a veces hacinadas, sometidas, sufriendo el calor del desierto, ellas que vienen del bosque, hasta que la Ceave las alojó en unos cuartos de vecindad en el sur del estado. Uno pidió al Ministerio Público lo acompañara a la comunidad para ver qué sucedió a su hermano que se quedó allá. Sólo encontraron parte de sus restos. La autoridad no permitió que les tomara fotos y le quitó el celular. La fiscalía general prometió implementar un operativo con fuerzas policiacas y militares, para limpiar la zona, promesa que nunca se concretó.

En julio el gobierno de Chihuahua le presumió a la relatora de la ONU para Personas Desplazadas que aquí se ha creado una comisión interinstitucional para atender esa problemática. Los derecho-humanistas señalan que, o es una falsedad o la citada comisión no hace nada, pues por toda la sierra continúan los desplazamientos forzados por la pugna entre cárteles. La violencia sigue campeando en Chihuahua: en dos años de gobierno de María Eugenia Campos Galván, se cuentan, por ejemplo, 3 mil 400 asesinatos dolosos en la entidad y el plagio ha crecido 77 por ciento.

Como en Chihuahua, las violencias persisten en buena parte del país: Guanajuato, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, Jalisco, al punto de que las comunidades deciden organizarse para ponerles alto, como en Guerrero (https://bit.ly/3R6g2cX). No hay por qué cegarse: una de las grandes asignaturas pendientes del Estado, del régimen actual, es la persistencia de las violencias, el dominio y control de los grupos criminales sobre franjas completas del territorio. Los números a la baja de los delitos no pueden servir de contentamiento. Porque, debajo de las estadísticas, la realidad de sufrimiento humano, de atropellos a todos los derechos, de obstáculos para la vida digna sigue terca.

Es de todo gobierno y de gente bien nacida hacer recuento de sus logros, sí, pero también de los fallos y de las tareas pendientes. Reconocer que, a pesar de la baja en el número de delitos, el país está lleno de hechos que impactan gravemente la seguridad de las personas y de las comunidades y generan gran sufrimiento. Escuchar las voces, atender el caminar de las víctimas y sus familias es el primer paso para ir plasmando la esperanza junto con ellas.