Guatemala. Un juzgado de Guatemala condenó ayer a ocho años de prisión al ex presidente Otto Pérez (2012-2015), ya encarcelado, en uno de los casos de corrupción que lo obligaron a renunciar en 2015.

La juez Eva Recinos dictó la sentencia condenatoria luego de que el ex gobernante aceptó la culpabilidad por los delitos de lavado de dinero y otros activos, cohecho pasivo y fraude.

El acusado es autor responsable de los tres delitos y se le impuso una condena de 16 años de cárcel, pero como se sometió al procedimiento especial de aceptación de cargos la pena se redujo a la mitad, precisó Recinos.

El ex mandatario, además, deberá pagar una multa superior a 3 millones de dólares.

La sentencia por el caso denominado Cooptación del Estado, vinculado con el saqueo de fondos públicos, es la segunda impuesta a Pérez en menos de un año.

El ex gobernante, general retirado, ya fue condenado a 16 años de prisión inconmutables el pasado 8 de diciembre por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas.

La audiencia se llevó a cabo en el juzgado de mayor riesgo B de la capital guatemalteca, adonde Pérez se presentó con playera y saco negro. Tras la sentencia el ex presidente regresó a prisión.

En el caso de fraude quiero manifestar que soy el responsable de haber ordenado que se diera el paso a la construcción de una terminal en un puerto en el Pacífico, al sur de la capital, reconoció.

Si yo cometí una omisión, error o delito, estoy aceptándolo, y lo hago porque giré las instrucciones a las respectivas personas, pero en el camino pudieron haberse cometido acciones que llevaron a cometer el delito de fraude, agregó.

Según la acusación, Pérez integraba una estructura ilegal junto con su entonces vicepresidenta, Roxana Baldett, para recibir millones en sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a diversas empresas. Baldetti ya fue condenada en otros dos casos de corrupción.

Pérez, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.

La fiscalía local destapó los casos de corrupción con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que apoyó el combate de estructuras criminales entre 2007 y 2019.