n varas ciudades del país se llevaron a cabo ayer manifestaciones contra los libros de texto gratuitos, en correspondencia con los recursos legales interpuestos por los gobiernos de Chihuahua y Coahuila y por grupos de ultraderecha a fin de impedir la distribución de los libros escolares.

Tales recursos, tramitados con injustificada celeridad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por una jueza federal, así como la inopinada determinación de las autoridades mexiquenses de impedir la entre-ga de los materiales educativos, afectarán a más de 8 millones de alumnos, alrededor de 32 por ciento de la matrícula total de prescolar, primaria y secundaria.

No obstante, a juzgar por la magra asistencia a las movilizaciones de ayer, la inconformidad social hacia los libros de texto parece ser muy pequeña: unas mil personas en la capital duranguense, cerca de 200 en Monterrey, otras tantas en Toluca y León, alrededor de un centenar en Puebla y unas pocas decenas en San Luis Potosí, Ciudad Victoria, Tlaxcala y Oaxaca. Tales cifras no guardan ninguna proporción con los millones de educandos que se verán perjudicados por la acción de membretes oscurantistas, grupos de interés, medios reaccionarios, autoridades locales y clérigos que organizaron una verdadera cruzada contra los textos escolares oficiales.

Significativamente, el semanario Desde la fe, órgano de la arquidiócesis de México, adoptó en su editorial un tono mucho más conciliador que el que han empleado algunos jerarcas católicos –notablemente, los obispos de Cuernavaca y de Aguascalientes– para descalificar los libros de texto y buscó quitarle combustible a la confrontación, al señalar que lo más importante son los niños, no los libros, y si bien no deben dejar de señalarse las fallas y errores que pueda haber en ellos, hay otras problemáticas que deberían atraer nuestra atención, como el seguimiento que madres y padres dan al proceso educativo de sus hijos.

La publicación retomó el posicionamien-to de la Conferencia del Episcopado Mexicano la semana pasada en el sentido de que la improvisación y confusión en muchos componentes de los libros de texto pueden ser contrarrestados por la labor que desempeñan en el aula los maestros.

Esos propósitos están muy lejos de los calificativos de comunistas y hasta de diabólicos que locutores y membretes civiles han adjudicado a los nuevos libros y denotan una clara distancia de la jerarquía eclesiástica católica respecto al afán censor, oscurantista y demagógico que ha alentado las acciones emprendidas contra la más reciente versión de dichos ejemplares.

Lo que parece inadmisible es que sectores inequívocamente minoritarios y crecientemente aislados hayan conseguido, a fuerza de exageraciones, distorsiones y llanas mentiras, y con la complicidad de instancias judiciales, dejar sin libros de texto a un tercio de la población escolar del país. Como se ha señalado en este espacio, la solución a los errores que puedan contener éstos no es dejar sin materiales a los estudiantes, sino corregirlos en las aulas, con la participación centralísima de los educadores.