La iniciativa de reforma a la Ley de Migración para que el Instituto Nacional de Migración (INM) pueda llevar a cabo revisiones dentro del territorio nacional, además de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, no sólo es inconstitucional y contrario a lo que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino que perpetúa el actuar racista y discriminatorio en estos procesos, aseveró el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

En un pronunciamiento, llamó al Senado a no pasar esta iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados el 8 de marzo pasado.

Recordó que en mayo de 2022 la Corte declaró inconstitucionales las revisiones migratorias fuera de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, por ser una medida discriminatoria y racista. Esta sentencia, agregó, sentó un precedente para la libre circulación y la seguridad de las personas mexicanas y migrantes en el país.

El Imumi expuso que a los legisladores se les olvida que el perfilamiento racial que utilizan los agentes de migración en las revisiones migratorias no tiene que ver con un protocolo, sino con una discriminación enraizada, que ve como inferiores a las personas indígenas y afrodescendientes, resultando en detenciones arbitrarias y desconocimiento de documentos oficiales.

Refirió que entre 2018 y 2022 se han reportado detenciones de personas originarias de México en estaciones migratorias, “porque los agentes de migración señalan que ‘no se ven como mexicanas’”.

No hay forma de que un protocolo garantice el derecho al libre tránsito de las personas mexicanas, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, que no afecte desproporcionadamente la movilidad de las poblaciones indígenas y afromexicanas, y que garantice la inclusión y la incorporación de una perspectiva de género, agregó.