En un análisis sobre la reforma comicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) establece que sujetar a este organismo a las reglas presupuestales de la Administración Pública Federal es sinónimo de intervención gubernamental y de vulneración de su autonomía.

Sostiene que los cambios del denominado plan B electoral están basados en criterios de oportunidad política y no técnicos, y que con la reforma también habrá repercusiones negativas y riesgos severos en la organización de los procesos venideros, así como para la seguridad de los millones de datos personales contenidos en el padrón.

El informe de 164 páginas será presentado hoy en la sesión del Consejo General del INE. Posterior a la divulgación del mismo, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, dijo en Guadalajara que el plan B podría poner en riesgo la organización del proceso federal 2024, porque altera el método para la integración de casillas.

El texto es un compendio de alertas sobre los efectos de la reforma en todas las actividades del organismo, desde la planeación de las elecciones y la selección de funcionarios de casilla hasta la instalación de estas mesas receptoras del voto y el cómputo de los sufragios. Igualmente rechaza enfáticamente el adelgazamiento del organismo.

Argumenta, por ejemplo, que la enmienda suprime 262 plazas en sus oficinas estatales, por lo que sólo quedarían vigentes 96 del servicio profesional electoral (Spen), mientras en las instancias distritales se suprimirían mil 500, y quedarían 300 de este personal especializado. En suma, la reducción del personal del Spen planteada equivale a 84.6 por ciento (de la plantilla actual), señaló.

En la estrategia de defensa del instituto frente a esta reforma, cuyo proceso legislativo concluirá en los próximos días, se incluyen cinco encuentros regionales entre funcionarios y consejeros con miembros de la estructura estatal y distrital para hablar de los riesgos de los cambios. La primera fue el día 16 en la Ciudad de México y ayer se desarrolló la segunda en Guadalajara.

Otro de los puntos en los que el INE manifiesta su inconformidad es en la obligatoriedad de devolver recursos no ejercidos a la Tesorería de la Federación; argumenta que los ahorros pueden ser utilizados en comicios extraordinarios. También asegura que es inconstitucional no considerar como personal especializado a los integrantes del Spen.

En la misma tónica defiende la existencia de la figura del secretario ejecutivo del instituto y rechaza la inclusión del titular del Órgano Interno de Control en funciones de administración de recursos, y no sólo de fiscalización.

“Sujetar al INE a normas administrativas y presupuestarias que regulan al Ejecutivo federal, cuyas autoridades encargadas de su vigilancia e interpretación son las secretarías de la Función Pública y Hacienda, u obligar a la instalación de módulos en edificios de gobiernos federal, estatales y municipales, vulnera la autonomía constitucional y la independencia que el órgano electoral debe tener con respeto a los actores políticos –incluidos gobiernos emanados de las elecciones que el propio INE organiza–, con el riesgo de generar inmovilidad institucional”, se indica en el documento.

En suma, el INE advierte prácticamente sobre una situación caótica, incluso de inmovilidad institucional, como consecuencia de la reforma, en todos los pasos y aristas de la actividad del árbitro electoral.