Mientras Morena y sus aliados se alistan en el Senado para aprobar la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuanto empiece el periodo ordinario de sesiones –el próximo miércoles–, la oposición tiene ya preparado un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para frenarla.

La minuta de la Cámara de Diputados que quedó pendiente en diciembre pasado, con los cambios a cuatro leyes para disminuir el alto costo a las finanzas públicas del Instituto Nacional Electoral (INE) y evitar que se extralimite en sus facultades, es uno de los puntos prioritarios en la agenda de Morena.

La reforma a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de Medios de Impugnación en Materia Electoral pasó ya por ambas cámaras, pero se detuvo en la cámara alta por la polémica cláusula de vida eterna.

Se trata de una modificación a la Legipe que permite a los partidos pequeños que participen en coaliciones mantener sus registros y no desaparecer, a pesar de no obtener 3 por ciento de la votación en comicios presidenciales e intermedios. El Senado la mantuvo, pero la amenaza de López Obrador de vetarla hizo que en San Lázaro se eliminara y regresara a la colegisladora.

Los senadores de Morena ya no pudieron cambiar la minuta, aceptar la modificación y mandarla a promulgar, porque el 15 de diciembre ya había cerrado el periodo de sesiones, pero hay consenso en que sea uno de los primeros temas pendientes en votarse.

Sin embargo, legisladora priísta Claudia Anaya advirtió que aunque Morena y sus aliados aprueben la reforma que contiene los principales puntos del llamado plan B de López Obrador en materia electoral, los senadores de su partido y de PAN, MC y PRD la controvertirán ante la SCJN.

Explicó que cuentan ya con 33 por ciento de las firmas de los senadores –la Constitución exige un tercio– y ya está redactado el recurso de acción de inconstitucionalidad, por lo que sólo van a esperar a que se promulgue para presentarlo ante el máximo tribunal del país.

Los diputados opositores presentaron un recurso similar contra las otras dos leyes que integran el plan B del gobierno federal, la Ley General de Comunicación y la Ley de Propaganda Gubernamental, que fueron promulgadas a principios de este mes.