ara tratar de apagar el escándalo de una tesis de licenciatura plagiada, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) despidió a la profesora Martha Rodríguez Ortiz, quien a mediados de los años ochenta asesoró los trabajos finales de licenciatura del abogado Ulises Báez Gutiérrez y de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel, uno en la Facultad de Derecho y la otra en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales, hoy Facultad de Estudios Superiores, FES Aragón.

Antes de tal medida, la rectoría de la máxima casa de estudios intentó resolver el asunto pidiendo que la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cancelara el título de Esquivel, una solicitud a todas luces improcedente, no sólo porque para cumplirse debería ser antecedida por una orden judicial, sino porque fue la propia UNAM la que validó la licenciatura impugnada, y demandarle al gobierno federal que la revoque significa una inaceptable claudicación de la autonomía universitaria.

La profesora Rodríguez Ortiz admitió que ella misma le facilitó a la hoy ministra de la SCJN partes de la tesis de Báez Gutiérrez. Por su parte, Yasmín Esquivel esgrimió una dudosa declaración notarial en la que éste habría admitido que tomó elementos de la tesis de Esquivel para la suya propia. Pero, más allá de la cuestión de quién copió a quién, es inverosímil que la asesora de los trabajos de ambos no se haya dado cuenta de que sus tesis, presentadas con un año de diferencia, ostentaban extensos pasajes idénticos, el mismo título, el mismo índice y hasta los mismos descuidos de sintaxis.

El episodio exige que la máxima casa de estudios lleve a cabo un esclarecimiento académico, institucional y ético mucho más sólido y extenso que el escueto dictamen del Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón, según el cual la alumna de esa institución copió el trabajo del egresado de la Facultad de Derecho, y que fue el argumento para que la rectoría decidiera rescindir la relación laboral con la asesora de las tesis de ambos.

Las altas autoridades de la UNAM no parecen haber caído en la cuenta de que el escándalo no sólo pone en entredicho la integridad académica de dos de sus egresados y de una profesora, sino que también representa un factor de descrédito para la propia institución y arroja una sombra de duda sobre su capacidad para certificar la aptitud profesional de quienes se gradúan en ella. Más aun, el caso ha dado pie al surgimiento de rumores sobre la existencia de una suerte de mafia dedicada a gestionar titulaciones ilegítimas dentro de la Universidad.

Por añadidura, el control de daños ensayado por la rectoría con la expulsión de una maestra no sólo es fallido, sino también contraproducente, por cuanto deja la impresión de que se busca dar carpetazo al escándalo por medio de un chivo expiatorio. Es ineludible que, en ejercicio de su autonomía, las máximas instancias de la UNAM dejen atrás la ambigüedad y hasta la pusilanimidad, realicen un extenso ejercicio de transparencia y de autocrítica, emprendan una revisión exhaustiva de posibles casos de plagio en tesis profesionales y tomen las medidas correctivas y preventivas correspondientes. Está en juego nada menos que la credibilidad de la máxima casa de estudios del país.