Desde el asesinato del migrante mexicano Anastasio Hernández en 2010 en San Diego, por lo menos 250 personas más han muerto en situaciones en las que también estuvieron involucrados agentes fronterizos, aseveró la organización Alliance San Diego, una de las que acompaña a la familia de la víctima.

En entrevista, Andrea Guerrero, directora de la organización, lamentó que en los cerca de 100 años de la fundación de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos –se cumplen en 2024–, ninguno de sus agentes ha sido condenado por matar a alguien.

Ante a ello, resaltó que para la familia, sus representantes y la comunidad migrante la audiencia del viernes pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el asesinato de Anastasio, golpeado y torturado por agentes de migración, fue histórica al ser la primera vez que Estados Unidos tuvo que estar frente a la CIDH en un caso de abuso e impunidad a manos de una agencia policiaca: los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Para la familia fue importante tener la oportunidad de enfrentarlos cara a cara y presentar sus alegatos, desafortunadamente Estados Unidos no tuvo la valentía para contestar y no tomó responsabilidad por lo que hizo, indicó Guerrero. Esto luego de que la representación del gobierno prefirió responder por escrito a los cuestionamientos de los comisionados.

Explicó que la resolución de la CIDH podría presentarse el próximo año. Esperamos una determinación de la verdad e instrucciones a Estados Unidos para que cumpla con su deber de reconocer lo que hizo, que se disculpe con la familia y cambie sus políticas para no repetir lo que sucedió.

Aclaró que el acuerdo al que hizo referencia en la audiencia la representación de Estados Unidos, a través del cual el gobierno pagó un millón de dólares a los cinco hijos de Anastasio, fue por el sistema civil y no por el penal. La razón por lo que decidieron acordar (en 2017) fue por miedo, sobre todo por las amenazas en materia migratoria que estaba lanzando en ese año el ex presidente Donald Trump. Además, en éste, el gobierno no aceptó su responsabilidad.

Guerrero sostuvo que aún hay posibilidad de que el caso penal, cerrado en 2015 por el Departamento de Justicia estadunidense, sea reabierto.

Es importante que se sepa la manera en que trataron a Anastasio, “fue humillante, horrible. Los agentes argumentaron su actuar con declaraciones como ‘me miró a los ojos, no fue como los otros, lo tomé como amenaza y por esa razón le pegué’”, dijo.

Reprochó que los involucrados sigan con sus familias, algunos jubilados con todos sus beneficios, otros fueron promovidos.