La Cámara de Diputados aprobó una reforma para reforzar el tipo penal de feminicidio, sancionar la tentativa del delito e incluir el contexto de amenazas previas, así como incrementar la pena hasta un tercio cuando el crimen se cometa a pesar de que la víctima cuente con medidas cautelares por cualquier tipo de violencia.

El dictamen, que se envió al Senado para su ratificación, incluye cambios y adiciones a los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales, así como a las leyes generales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de Víctimas y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para definir una serie de circunstancias que serán consideradas para determinar que existe una razón de género en el delito de feminicidio.

Esto es, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito comunitario o político, que haya tenido lugar parentesco por consanguinidad o afinidad, o una relación sentimental, afectiva, laboral, docente, de confianza o de hecho entre las partes.

También, que se encuentren datos que establezcan que hubo amenazas directas o indirectas, si el cuerpo de la víctima es arrojado o depositado en un lugar público o cuando el sujeto activo haya obligado a la víctima a realizar una actividad, trabajo o alguna forma de explotación.

Pérdida de derechos sobre los hijos de las víctimas

La Cámara ratificó que, en los casos de feminicidio, quien los perpetre perderá todo derecho en relación con los hijos de la víctima; además, que las excusas absolutorias para el delito de encubrimiento no serán procedentes cuando se oculte al responsable.

Con las modificaciones, se obligará a que policías, agentes del Ministerio Público y jueces indaguen y sancionen esos crímenes basados en la perspectiva de género.

Se incluyen como derechos de las víctimas el acceso universal a la justicia, que se proporcione a los ofendidos y sus familiares que así lo requieran un traductor o intérprete, considerar como parte de la reparación integral del daño la disculpa pública y el reconocimiento de los hechos, así como la aceptación de responsabilidad si el delito es cometido por un funcionario público o agente de autoridad.

El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) explicó que en respuesta a las agresiones contra las mujeres, las autoridades conceden medidas cautelares que en algunos casos son obedecidas por los agresores, pero en otras regresan con mayor violencia, incluso fatal.

Son muchos los casos de golpeadas o incluso mutiladas, y la reacción de las autoridades de procuración y administración de justicia es emitir órdenes de restricción, abundó.

En un análisis de esta reforma, Morena planteó que a pesar de la implementación de estas medidas, en México no se han dado los resultados esperados, pues aun con su ejecución se han presentado casos de feminicidio perpetrados por los agresores de mujeres víctimas de violencia.