Mexicali, BC., Un juez de control del Poder Judicial de Baja California vinculó a proceso a seis ex funcionarios del gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdez (2019-2021) por el delito de peculado. Todos integraron el Consejo Estatal de Energía.

En tanto, por el uso indebido de facultades se vinculó a proceso penal a cinco de los seis ex servidores públicos y al representante de la empresa Next Energy, Tulio Pani Vano.

La imputación de delitos es por la creación de un fideicomiso para construir una planta de energía fotovoltaica en Mexicali, a cargo de Next Energy, con un impacto al erario de 30 mil millones de pesos, sin que el gobierno estatal cuente con facultades para ello por ser exclusivas de la Federación.

Por peculado, el juez Bernardino Ahumada González vinculó a proceso a los ex secretarios de Hacienda Rodolfo Castro Valdez y Adalberto González Higuera, a la ex secretaria de Desarrollo Urbano Karen Postlethwaite, al ex secretario del Agua, Salomón Faz, y a los ex oficiales mayores Marco Octavio Hilton e Israel Clemente González.

Por el segundo delito se vinculó a proceso al representante de la empresa y a cinco de los ex servidores públicos del estado (se excluyó a Israel Clemente González).

En la actualidad Rodolfo Castro Valdez es funcionario en el gobierno de Sonora y Octavio Hilton, en el de Baja California, ambos emanados de Morena. La investigación complementaria concluirá en dos meses, tiempo en que los imputados acudirán a firmar al juzgado.

De los 30 mil millones de pesos destinados al proyecto se pagaron 123 millones por un contrato para el que no existe un solo permiso. La primera piedra de la empresa de energía, que colocó el entonces gobernador Bonilla Valdez, se perdió en el desierto.

La planta generaría electricidad para el acueducto Río Colorado-Tijuana a fin de dotar del líquido a ciudades de la costa. El suministro del fluido que abastecen empresas particulares o la propia Comisión Federal de Electricidad es de 100 millones de pesos.

En la audiencia de vinculación, que se inició el 22 de octubre y concluyó en las primeras horas de ayer, el juez desechó la acusación contra Amador Rodríguez Lozano, actual funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y quien ha defendido en medios el contrato.

Su firma aparece en los decretos 88 y 178 del Periódico Oficial del Estado, el primero de ellos con la autorización del Congreso local y el segundo sin aval parlamentario, pese a modificaciones gubernamentales como la inclusión de una segunda empresa para suministrar energía a partir del primera quincena de enero de 2022.

La investigación incluye a Jaime Bonilla Valdez quien, al confirmar que estaba entre los imputados, solicitó volver a su curul en el Senado de la República con la finalidad de protegerse con el fuero hasta 2024.

En marzo pasado, la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó la denuncia penal contra Bonilla, los otros seis ex funcionarios y los representantes de Next Energy, empresa creada exprofeso para formalizar el contrato con el gobierno estatal.

(Con información de Cristian Torres / La Jornada Baja California)