e nueva cuenta, el tema migratorio desnuda la hipocresía, el desdén por los derechos humanos, la manipulación y la crueldad de los gobernantes estadunidenses. Desde el miércoles se abandonó la política de otorgar libertad condicional humanitaria a los venezolanos que ingresan a Estados Unidos y comenzó la aplicación automática del Título 42, una disposición establecida por el ex presidente Donald Trump que permite (en violación flagrante de la legislación internacional sobre el derecho de asilo) expulsar a los migrantes que entren sin documentos a su territorio, con el pretexto del combate a la propagación del covid-19.
Con las nuevas disposiciones, cientos de venezolanos han sido expulsados a nuestro país en el transcurso de unas horas, y se estima que alrededor de un millar sean enviados aquí cada día durante las próximas semanas. Washington anunció un nuevo plan migratorio que contempla recibir a un total de 24 mil venezolanos que cumplan estrictos requisitos: deberán solicitar su entrada vía Internet antes de desplazarse, llegar en avión, tener un contacto que les garantice apoyo financiero, contar con esquema de vacunación completo y aprobar una evaluación referente a sus datos biométricos y de seguridad. Cualquier venezolano que entre a territorio estadunidense sin cumplir estas condiciones será expulsado. La cifra de admisiones resulta irrisoria, toda vez que en el último año 180 mil llegaron a Estados Unidos, considerando sólo los cruces a través de la frontera con México.
Si el trato dispensado por Washington a todos los migrantes provenientes de naciones en desarrollo es deplorable e ilegal, el giro contra los venezolanos es doblemente condenable cuando la práctica totalidad de la clase política estadunidense coincide en denunciar al gobierno del presidente Nicolás Maduro como un régimen autoritario, represivo e ilegítimo, y por tanto en colocar a los ciudadanos de la nación sudamericana como los candidatos idóneos al asilo humanitario.
También revela el sadismo de la superpotencia, que por una parte emprende un sabotaje brutal contra la economía venezolana, cerrando a ese país todas las vías para proveer a su población de bienes y servicios elementales, y por otra da un portazo a quienes dejan su lugar de origen en busca de oportunidades laborales, profesionales y educativas. De este modo, miles de personas topan con la realidad de que el presunto apoyo ilimitado de Washington al pueblo venezolano no es más que una fachada para la desestabilización orientada a derribar al gobierno bolivariano y hacerse con el control de los recursos naturales del país con las mayores reservas mundiales de petróleo.
Como ocurre desde que se convirtió en un país de tránsito para los migrantes de Latinoamérica, el Caribe e incluso de otras regiones, la nueva política estadunidense hacia los nacionales de Venezuela coloca a México en una difícil tesitura. Con servicios de atención totalmente desbordados y con capacidades financieras muy distintas a las que posee el vecino del norte, deberá buscarse acomodo, brindar apoyo y, de manera muy probable, acoger indefinidamente a un gran número de buscadores de asilo. Cabe esperar que autoridades y sociedad mexicanas recuerden los malos tratos padecidos durante décadas por nuestros connacionales que han partido en busca del esquivo sueño americano y reaccionen ante los recién llegados con solidaridad y empatía.
