Un juez de control vinculó a proceso a Jorge N, acusado de los delitos de ejercicio abusivo de funciones –antes peculado– y violación de la comunicación privada, de quien se presume formaba parte de la red de espionaje que supuestamente operó durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México.

En la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos formuló la imputación correspondiente y el impartidor de justicia determinó llevarlo a proceso.

No obstante, la presentación de un amparo impidió que le fijaran medidas cautelares a Jorge N, quien se presentó de manera voluntaria. El ex servidor presuntamente participó en actividades ilícitas enfocadas a escuchar conversaciones telefónicas privadas, aunque no se dio a conocer el cargo que desempeñaba.

De acuerdo con las investigaciones, también se encargaba de intervenir teléfonos celulares, mensajes y correos electrónicos por computadora desde un centro de espionaje ubicado en la calle Manuel Márquez Sterling, colonia Centro.

El seguimiento activo de personas de la política, el deporte y periodistas era otras de las labores que presuntamente realizaba el quinto vinculado a proceso por este caso.

A partir de la investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia, también se ha vinculado a proceso a José Roberto N, Jesús N, Nicolás N y Daniel Alejandro N.

Concluye relación con DNV

Por otra parte, ayer por la noche se dio a conocer que el Gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio de terminación de contrato con la empresa noruega DNV por el peritaje causa-raíz del desplome del viaducto elevado de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

En el documento se acordó que no será pagado el reporte de la fase III, que en su momento las autoridades del gobierno capitalino calificaron de deficiente, mal ejecutado, tendencioso y falso.

Si bien en mayo las autoridades anunciaron el inicio de un juicio civil para rescindir el contrato con la empresa que había presentado dos informes sobre el colapso de la llamada línea dorada, en el convenio ambas partes se comprometen a no promover ningún recurso en materia civil, penal o administrativa, y a no divulgar información confidencial sobre el contrato.

El gobierno de la ciudad acepta en sus términos sólo los dos primeros reportes del peritaje y la empresa se da por satisfecha con los pagos recibidos por ambos informes. El contrato fue por 26 millones 232 mil pesos, de los cuales se pagaron 15 millones 334 mil pesos.