De no acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), que ordenó al Instituto Electoral local (IECM) entregar en su totalidad las prerrogativas a partidos políticos, los consejeros electorales podrían enfrentar diversas sanciones, incluso hasta un proceso de destitución, de conformidad con la ley y reglamento en la materia.

Ayer por la tarde los magistrados resolvieron que los institutos electorales no pueden modificar o suspender el financiamiento público de los partidos políticos porque constituyen una prerrogativa que por su naturaleza constitucional se considera como un recurso fijo, irreductible, periódico y previsible con la finalidad de sustentar su gasto permanente y planear el cumplimiento de sus obligaciones.

En entrevista, la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño, afirmó que sólo requieren que la Secretaría de Administración y Finanzas les permita utilizar 39 millones de pesos de prerrogativas de Morena –que no les serán entregadas por haberlas subjercido en 2019–, para completar el pago al resto de los partidos.

No obstante, reconoció que estamos haciendo un hoyo para tapar otro, ya que además solicitarían 16 millones de pesos de ampliación presupuestal para pagar indemnizaciones a trabajadores que fueron cesados por la reciente restructura, producto de la reforma aprobada en el Congreso local.

De momento, sólo tenemos para pagar (a lo partidos) 15 millones para octubre, 15 millones para noviembre y podemos pagar la prerrogativa total en diciembre en espera de que el gobierno nos dé los recursos. Tal vez no es suficiente, pero no tenemos más.

Con los ahorros de este año, los recursos que les devolverá el Instituto Nacional Electoral y rendimientos, el órgano local captaría unos 78 millones de pesos, que sumados a los 39 millones de retenciones a Morena alcanzaría para entregar dinero a PAN, PRI, PRD, MC y PVEM.