Pachuca, Hgo., Alrededor de 800 pobladores de 18 localidades del municipio de Actopan se manifestaron ayer por casi cinco horas frente al Congreso del estado para exigir que se revoque la concesión de uso industrial que otorgó en 2017 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la empresaria Alicia Castañeda Moreno para extraer líquido de un acuífero de la localidad de Pozo Grande.

Los inconformes bloquearon con camiones de carga la calle aledaña y la entrada al estacionamiento del hemiciclo, por lo que quienes estaban dentro fueron desalojados y la sesión legislativa fue suspendida.

Luego de colocar mantas y pancartas en el enrejado del inmueble, una comisión de 70 personas ingresó al edificio, donde instaló una mesa de trabajo con los diputados morenistas Fortunato Islas y Lisset Marcelino Tovar, a quienes solicitaron su intervención para pedir a la Conagua la revocación de la licencia.

Los quejosos provienen de los poblados de Pozo Grande, Boxtha, Los Olivos, Luz Meneses, Fundición Baja, Fundición Alta, Colonia Aviación, Cañada Chica, Parque Urbano, Daxtha, La Eroka, Guzmán Mayer 1 y 2, La Estación, Bifi, Cerrito, Las Monjas y la cabecera municipal.

Argumentaron que Conagua no realizó un estudio exhaustivo sobre la disponibilidad del recurso en los acuíferos de la región cuando otorgó el permiso, y expusieron su inquietud de que Castañeda Moreno, dedicada al ramo de servicios de Internet y televisión por cable, pretenda embotellar agua para comercializarla.

También señalaron que temen que se liberen órdenes de aprehensión contra los pobladores que el jueves pasado ingresaron al predio donde se efectuaba la construcción del pozo para ordenar a los trabajadores que suspendieran las obras y sacaran la maquinaria del área.

Asimismo, acusaron a la presidenta municipal de Actopan, la morenista Tatiana Ángeles, de no cumplir su promesa de apoyarlos ante la Conagua y de haberse puesto de lado de la empresaria.

Al final de la reunión, los legisladores acordaron convocar a una mesa de diálogo a más tardar el viernes en la sede del Congreso del estado con personal de la Conagua, las secretarías de Gobernación federal y estatal, la procuraduría de Hidalgo y los representantes de los afectados.