Con la finalidad de proteger becas y pensiones que se entregan para combatir la pobreza, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Constitución donde se define que los apoyos sociales otorgadospor el Estado son inembargables porinstituciones financieras.

“Esta reforma acabará con los cobros ‘a lo chino’ que aplican las instituciones financieras sin agotar el debido proceso”, explicó la vice- coordinadora de Morena, Aleida Alavez Ruiz.

Durante la sesión de ayer, el pleno de la cámara también avaló otra modificación al mismo artículo de la Constitución para sustituir el término vivienda digna por el de vivienda adecuada como parte de los derechos sociales. Además, se precisó que una persona, y no sólo una familia, tiene derecho a una vivienda adecuada.

Esto es, expuso la presidenta de la Comisión de Vivienda, Lilia Aguilar Gil (PT): las personas, tengan o no familia o formen o no parte de una, pueden acceder a créditos de casa habitación. En el caso de vivienda adecuada, tiene que ver con la seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.

Respecto de la reforma para defender los ingresos por pensiones y becas, Alavez Ruiz manifestó que no se pretende evitar el cobro de deudas, sino que las instituciones financieras no se hagan de los apoyos económicos de las personas más vulnerables, recursos que deben contar con una protección especial desde la Constitución.

Es indispensable generar las condiciones necesarias para brindar la mayor protección posible a esos recursos y evitar que sean empleados para el cobro, sin el debido proceso legal previo, de cualquier tipo de deuda, abundó.

En tanto, Lilia Aguilar detalló que actualmente la Constitución prevé el derecho de las familias a contar con una vivienda digna y decorosa, una concepción completamente subjetiva que facilitó desarrollos con viviendas de 50 o 60 metros, completamente alejadas de los lugares de trabajo, carentes de servicios y transporte, y en zonas donde impera la inseguridad.

En hacinamiento, 48 millones

Ello condujo a que 38.4 por ciento de la población mexicana habite en viviendas no adecuadas. Esto es, en el país 9 millones de viviendas son inadecuadas, 48 millones de personas viven en hacinamiento, 14 millones de casas sufren rezago asociado con el nivel de ingreso.

Ocho de cada 10 viviendas se construyeron en polígonos que no debieron autorizarse, pero fueron permitidas por las autoridades. Otros 30 millones de personas viven en estado de irregularidad, lamentó.