Mujeres vestidas de novias realizaron una jornada de protesta en calles y avenidas de la Ciudad de México en contra de la violencia vicaria y los deudores alimentarios. La movilización incluyó las sedes de los Congresos local y federal, a donde acudieron las madres solteras en demanda de reformar la ley y que la obtención de la manutención de los hijos sea con la imposición de medidas cautelares.

Las activistas realizaron un performance en el Hemiciclo a Juárez, donde vestidas de blanco, con velos que cubrían su rostro y humo de colores, intentaron visibilizar la violencia vicaria, que es torturar a la pareja por medio de la violencia física y sicológica contra los hijos, y que no tiene sanción.

Ante la mirada de peatones y automovilistas, las mujeres llamaron a todas las madres solteras que han enfrentado juicios a exigir al Poder Judicial obligar a los deudores alimentarios a atender a los hijos que comen, estudian y se enferman.

Del hemiciclo partieron a los juzgados de lo familiar, donde tomaron el edificio del Poder Judicial de la Ciudad de México para exigir que las Unidades de Medidas Cautelares sean las encargadas de localizar a los deudores alimentarios, y se penalice la violencia vicaria.

Las integrantes de la iniciativa Caso 992, parte de un movimiento feminista de madres solas e hijos abandonados, acusaron que uno de estos deudores es Leonel Ramírez Farías, asesor del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Ingrid Tapia, ex esposa del servidor público y madre de sus tres hijos, denunció que desde hace 16 años ha buscado el pago de la pensión alimenticia sin éxito, porque no se le ha podido entregar la notificación correspondiente, ya que renunció o ya no trabaja ahí.

Según sus datos, una de cada 10 mujeres que demanda alimentos logra una pensión para sus hijos; un juicio y toda la secuela procesal dura más de tres años; mientras la violencia vicaria ha provocado más de 88 mil niños muertos a manos de sus padrastros o sus padres, de 2009 a 2019.

A su llegada al Congreso de la ciudad entregaron una propuesta en busca de que sea considerada como una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial local y el Código de Procedimientos Civiles, a fin de que la Unidad de Medidas Cautelares tenga facultades para intervenir con los deudores alimentarios. La misma solicitud se planteó en el Senado.