n 2007, hace ya 15 años, diversas organizaciones campesinas, junto con algunas organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, convocaron a la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano, bajo el lema: Sin maíz no hay país... ¡Pon a México en tu boca!
El tema central en ese entonces era evidenciar los daños que había causado la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) en el campo mexicano.
No eran pocos y sus secuelas se sufren aún, en especial la canalización de los recursos hacia productores agroindustriales que dedican sus tierras no a la siembra de nuestros alimentos básicos, sino a la de productos de exportación, para generar divisas que se quedan en unos cuantos bolsillos, y crean empleos precarios por lo mal pagados y por las condiciones de vida en que viven estos campesinos y campesinas, obligados a migrar para paliar la pobreza, no porque no trabajen, sino por lo mal que se paga lo que tradicionalmente siembran; que son justamente alimentos básicos.
La revolución verde (1940) también hizo sus estragos: impuso los monocultivos sobre los policultivos, mucho más sustentables, como la milpa, y trajo consigo semillas patentadas que, por sus características, se acompañan de un paquete tecnológico que incluye fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que en conjunto encarecieron la producción en el campo.
El tema de los monocultivos se ha recrudecido, por cierto: hoy vemos con preocupación que se talan bosques para sembrar aguacate; que se dejan a un lado las milpas para cubrir el paisaje con techos de plástico, bajo los cuales se siembran en invernaderos improvisados zarzamoras, frambuesas, arándanos o flores de ornato.
Una consecuencia no menor de la revolución verde es la privatización de las semillas a través de las patentes. En el caso del maíz, se implantaron granos híbridos. Todo ello modificó paulatinamente la situación en el campo. Hoy estamos ante una situación más grave, con la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que ya cumplió dos años, ningún beneficio se ha visto hasta ahora. En realidad, con estos tratados, generados desde los polos de poder económico, son los países hegemónicos los que obtienen las ganancias. En ambos casos, el tema agropecuario confronta dos realidades sociales, culturales y económicas totalmente distintas: la de Canadá y Estados Unidos y lade México.
Esto se ve claramente en el caso del maíz. Para las dos primeras naciones, el grano es una mercancía que no se utiliza para consumo humano directo, sino para forraje. De ese maíz sembrado en monocultivo se derivan, además, insumos para la producción de alimentos chatarra en forma de jarabes de alta fructosa y almidones. En nuestro país, en cambio, el maíz es el principal alimento para su población desde hace milenios y, por su importancia, se le atribuyen valores simbólicos ligados a la creación misma de las personas.
Se dice que somos hombres y mujeres de maíz. Si la revolución verde y el TLCAN implicaron serios problemas para México, el T-MEC conlleva una manzana envenenada para el grano. Con la firma del tratado, México se comprometió a firmar el acta UPOV91, con lo que pone en riesgo a las semillas de las plantas que los pueblos de Mesoamérica domesticaron hace mucho tiempo y que son alimentos presentes en todo el mundo: maíz, frijol, chile, jitomate, cacao y vainilla, por ejemplo. Y es que la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) tiene como finalidad la protección de nuevas variedades de semillas con fines comerciales.
En la modalidad que México tiene firmada ahora, que es el acta UPOV78, es posible que hombres y mujeres del campo, como dueños de sus propias semillas, las intercambien libremente; el acta UPOV91, en contraste, lo prohíbe. Por ello fuerzas contrarias a la posición del Ejecutivo federal, que ha defendido los maíces nativos, algunas incluso de su propio partido e incluso de su gabinete, han impulsado una reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) que, de aprobarse, implicaría multas elevadas y la destrucción de cosechas en las que se identifiquen semillas patentadas, como ya hemos escrito aquí anteriormente.
La privatización de las semillas, que son alimento para el mundo, es inadmisible desde el punto de vista ético; no se puede privatizar la vida. Además, atenta contra los derechos humanos esenciales. Por tanto, este año el Día Nacional del Maíz deberá dedicarse a resaltar las cualidades del maíz como alimento y como fundamento cultural, así como a honrar el trabajo campesino, pero también a evidenciar el grave riesgo que significaría aceptar esa reforma a la LFVV, y firmar el acta UPOV91. Otros países han defendido sus semillas, aun habiendo firmado este tipo de tratados comerciales. Se debe seguir su ejemplo y no poner en riesgo la soberanía alimentaria de México.
