El caso se dirimió por la vía civil; no hubo proceso judicial
Sábado 24 de septiembre de 2022, p. 27
San Diego. A pesar de que la fiscalía del estado de California desestimo judicialmente el caso de Marco Antonio Nápoles Rosales, un mexicano que murió a manos de oficiales del Departamento del Shérif (según los videos del momento de su detención), el Condado de San Diego llegó a un acuerdo con la familia del estudiante y trabajador originario de Guaymas, Sonora, ultimado el 17 de agosto de 2018, y pagará un millón 350 mil dólares de indemnización a su madre.
El consulado de México en San Diego se enteró del fallecimiento del joven de 29 años y quien trataba de regularizar su estancia, cuando su madre se acercó a la representación a pedir ayuda para repatriar el cuerpo de su hijo, narró el cónsul Carlos González Gutiérrez.
Al mexicano se le descompuso su vehículo en las inmediaciones de una gasolinera y se acercó a una tienda de conveniencia mientras conseguía ayuda.
Ahí empezó un interrogatorio de los policías del condado que terminó con el joven esposado y tirado en el suelo, mientras lo golpeaban y uno le mantenía la cabeza contra el piso. Cuando llegaron los servicios de emergencia Marco Antonio había muerto.
El consulado ofreció ayer una conferencia de prensa para hacer público el acuerdo económico logrado entre la familia de Marco Antonio y el Condado de San Diego en un caso que se dirimió por la vía civil, después de que las autoridades lo desestimaron como asunto judicial, es decir los elementos policiacos involucrados no fueron juzgados.
Era un peluquero con un sueño americano
Fue una tragedia, esas imágenes las mostramos en 2019 (señaló al cónsul al presentar el video) para hacer saber a la comunidad lo que sucedió, que el gobierno de México reprueba el uso excesivo de la fuerza en cualquier circunstancia; Nápoles era un muchacho mexicano que no tenía antecedentes criminales ni portaba armas cuando murió, era un peluquero con un sueño americano
, dijo el consul.
Vanesa Calvo, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la cancillería, expresó la preocupación del gobierno de México por el uso excesivo de la fuerza en cualquier circunstancia e hizo un llamado a los mexicanos que viven en California para que se acerquen a las autoridades consulares, en el entendido de que es una prioridad usar las herramientas a su alcance para defender los derechos de los connacionales.
Por su parte, el abogado Jesús Arias señaló: “no podemos decir que la familia del señor Nápoles esta satisfecha con el acuerdo –parte del mismo reservado por así convenir a las partes– porque no hubo un proceso criminal, la fiscalía hizo una investigación y concluyó que no tenía elementos suficientes para perseguir una acción criminal.
Eso fue una decepción para todos porque hay imágenes de lo que ocurrió. Lo hicimos saber pero la última palabra la tiene la fiscalía.
González Gutiérrez recordó que todavía en las cortes de California hay varios casos en litigio donde existe la presunción de responsabilidad de autoridades policiacas en la muerte de ciudadanos mexicanos, entre ellos el de Anastasio Hernández, un caso de 2010.
Otros son los de José Alfredo Castro Gutiérrez, sucedido en octubre de 2020, el de David Villalobos, quien en octubre de 2020 murió en un incidente con la Patrulla Fronteriza; además de dos historias de connacionales que murieron en centros de detención.
Cuando la prensa le señaló al cónsul que en otros casos, como el de Rodney King –cuya muerte desató la violencia racial en Los Ángeles en 1992–, la familia logró una indemnización mucho más grande, el funcionario señaló que el papel de las autoridades mexicanas no es pelearse con las estadunidenses, pero sí expresar con firmeza los derechos de los mexicanos.
