n el regreso presencial a clases en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), las aguas de la inconformidad estudiantil están agitadas. Paros parciales e indefinidos, tomas de escuelas, bloqueos de vías de comunicación, asambleas y pliegos petitorios se multiplican a velocidad inusitada.
En el malestar de los jóvenes se mezclan viejos y nuevos agravios, con un conflicto interburocratico de alta intensidad por la disputa del instituto, corrupción, indolencia e incapacidad de funcionarios para responder las demandas de los alumnos, denuncias de acoso sexual, rapacidad y ambición del charrismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), porrismo y sucesión presidencial. Juntos, estos factores han terminado por confeccionar un cóctel político-social de consecuencias insospechadas.
La forma de operar de la nueva administración del IPN quedó plasmada en un examen de admisión organizado por la Fundación Politécnico (organismo privado que ha servido para que funcionarios de la institución hagan negocios). Los aspirantes, además de pagar a la Fundación por hacer la prueba, tuvieron que responderla en computadora. Los jóvenes de menos recursos, que viven en comunidades o regiones de muy mala conectividad, quedaron en abierta desventaja frente a otros con más ingresos y más habilidades digitales. El examen develó cómo al amparo del manejo presupuestal público se privilegiaban negocios privados.
Durante la pandemia la matrícula de nuevo ingreso creció porque operaba en condiciones virtuales. Sin embargo, al regresar a clases presenciales, inscribirse a una unidad de aprendizaje (materia) se volvió un gran inconveniente. Las autoridades no abrieron suficientes espacios, provocando un déficit de cupo. Los estudiantes no podían inscribir toda su carga académica porque no había grupos disponibles. Esto se habría evitado con planeación adecuada, aumento de docentes y reorganización de los salones. Pero las autoridades estaban más atentas a los negocios hacia el exterior y el control autoritario de plazas que a proporcionar mejores condiciones a la comunidad.
No es exageración. En el Poli se manejan cuantiosos recursos económicos asociados a la privatización de facto de ciertas áreas. El contrato de outsourcing de limpieza es de 493 millones 467 mil 547 pesos. Respecto de las plazas existen denuncias de los docentes porque se destinan al área central, donde no hay alumnos.
Como señala César Iglesias, profesor del IPN y colaborador de La Jornada, en la actual movilización estudiantil hay mucha participación. Los muchachos no sólo quieren ser aceptados en la institución, también desean estudiar en mejores condiciones. Sus demandas, en medio del desastre educativo, son genuinas, reales. Quieren clases y condiciones adecuadas para estudiar. Luchan por dignidad. Sin embargo, el SNTE y la burocracia están metiendo mano para llevar agua a su molino.
Cada centro educativo tiene su pliego petitorio. Eso limitó el alcance del movimiento. Pero, ahora, lograron formar la Coordinadora Politécnica en Resistencia, que aglutina sus demandas. La pésima respuesta de una burocracia inepta e ineficiente ha atizado el descontento.
Hay también disgusto entre maestros. Nadie les garantiza piso parejo para acceder a una plaza digna, explica Iglesias. Se generó un sistema perverso. La mayor carga académica está en los profesores sobrexplotados, quienes, aunque quieran realizar investigación no pueden, porque pasan infinidad de horas frente a grupo y generalmente tienen que combinar hasta tres trabajos.
En diciembre, el doctor en medicina molecular, especialista en vacunas Arturo Reyes Sandoval, cumple dos años al frente del Poli. Fue designado por el Presidente. Egresado de la institución, ex profesor de la Universidad de Oxford, muy cercano a Marcelo Ebrard, desconocedor de la problemática interna, ha dejado el manejo del IPN en manos del secretario de administración, Javier Tapia Santoyo, ex tesorero del Issste, conocido por su rudeza.
La afinidad de Reyes con Ebrard le ha ganado la animadversión de cercanos a otros aspirantes a la candidatura presidencial. Así, hay fuerzas interesadas en usar el genuino descontento estudiantil para intentar deshacerse del director o, al menos, de su equipo más cercano.
Se reconozca o no, en el Olimpo politécnico hay un choque con el secretario general, Juan Manuel Cantú Vázquez, cercano a la ex directora Yoloxóchitl Bustamante y a Diódoro Guerra. Fue nombrado en agosto de 2021, se afirma, a raíz de una negociación entre la secretaria de Educación Delfina Gómez y Emilio Chuayfett.
Enturbian más el clima personajes como el coordinador de la policía auxiliar en el IPN, Eduardo Vanegas. Ex subdirector policial en la comisaría de Seguridad Pública de Tlanepantla, estado de México, operador del SNTE al servicio del charro Bernardo Quezada. Ha sido señalado de manejar a porros en la institución.
El 6 de septiembre, Reyes Sandoval se comprometió a no ejercer acciones contra quienes han expresado inconformidad. Curiosamente, ese día Claudia Sheinbaum recibió a estudiantes consejeros del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta del IPN, para atender asuntos relacionados con el transporte público. Los jóvenes difundieron un comunicado sobre sus gestiones, en el que aparecen junto a la jefa de Gobierno.
En lo que es un explícito mensaje de apoyo al director del IPN por el Presidente, el 7 de septiembre ambos se reunieron en Palacio Nacional. El domingo 11, Reyes Sandoval apareció en La hora nacional.
Esta semana será crucial. Con tantos intereses en juego, el desenlace es incierto.
Twitter: @lhan55
