Diputados del Congreso capitalino aprobaron en comisiones hacer un exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que realice campañas de difusión a fin de advertir sobre empresas que se dedican a engañar a la población con ventas fraudulentas de inmuebles.

También se solicita que emita un listado de los principales fraudes, ya que, conforme a estimaciones de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, se pierden hasta 600 millones de pesos anuales por estafas a nivel nacional; asimismo, se pide un informe sobre los resultados de las acciones institucionales para prevenir fraudes con la venta de bienes inmuebles.

Existen seudoempresas inmobiliarias que ofrecen bienes inmuebles, regularmente con un valor inferior al costo real del mismo, por lo que llama la atención de las personas, a las que les puede traer consecuencias más graves, afirmó la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Silvia Sánchez Barrios.

Piden transparencia

En tanto, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Info) solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda entregar información sobre programas de vivienda, luego de que un particular solicitó datos sobre dicho tema, gentrificación y políticas para combatir el fenómeno de las mafias inmobiliarias en la capital.

En su respuesta, la dependencia local dijo no contar con la información, por lo que la persona interpuso un recurso de revisión.

La Secretaría es competente para desarrollar políticas que garanticen el derecho a la vivienda, regular el arrendamiento de interés social, determinar las políticas de desarrollo urbano y vigilar los programas de construcción de vivienda del sector privado, dijo la comisionada María del Carmen Nava Polina, quien concluyó que la dependencia sí cuenta con facultades para otorgar la información.

Garantizar el acceso a la información sobre programas de vivienda es relevante porque constituye una obligación de transparencia; es un instrumento útil para promover la integridad y la rendición de cuentas; y permite controlar o prevenir el posible uso clientelar de los recursos asignados a los programas destinados a solventar el derecho a la vivienda, comentó la comisionada.

Destacó que hasta 2020, en la Ciudad de México existían 2 millones 756 mil 319 viviendas particulares, con una densidad poblacional de 6 mil 163.3 habitantes por kilómetro cuadrado, así como un promedio de habitantes por vivienda de 3.3, conforme datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.