Organismos internacionales y nacionales que defienden los derechos humanos lamentaron que el Senado aprobara las reformas que otorgan el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional.

La alta comisionada interina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, consideró que es un retroceso para la seguridad pública que se basa en el respeto a las garantías.

Las reformas dejan a México sin una fuerza policial civil a escala federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública, dijo, y llamó a reforzar la supervisión civil en el sector, en consonancia con las normas de derechos humanos.

En un comunicado, Al-Nashif señaló que aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha aumentado en México desde 2006, esto no se ha traducido en reducción sostenible de la criminalidad, sino que ha provocado aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por sus elementos.

Insuficiente

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseveró que el argumento de que sólo una estructura como la del Ejército puede afrontar el contexto de violencia en el país resulta insuficiente frente a los riesgos que la militarización acarrea para el respeto y garantía de los derechos humanos bajo una perspectiva integral de seguridad humana.

Exhortó al Estado mexicano a asegurar la excepcionalidad de la jurisdicción militar, y señaló que consistente con lo señalado por la Corte Interamericana en sentencias y resoluciones de supervisión respecto de México, cuando un elemento de las fuerzas armadas cometa actos que pudieran constituir una violación a los derechos humanos, debe ser juzgado por tribunales de jurisdicción civil.

Amnistía Internacional México expuso que la estrategia de seguridad pública militarizada ha sido fallida. México es hoy un país mucho más inseguro que hace 16 años.

El Comité 68 Pro Libertades Democráticas aseveró que la participación del Ejército en actividades de seguridad limita y pone en riesgo las garantías individuales; además, es una puerta a la impunidad. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez instó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a interponer una acción de inconstitucionalidad.