oncluyó ayer su visita oficial a nuestro país Cecilia Jiménez-Damary, relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos. Aunque el análisis completo de la situación y las recomendaciones para las autoridades se presentarán hasta junio del próximo año, la funcionaria adelantó en conferencia algunas de las impresiones de 12 días de trabajo durante los cuales se reunió con 25 dependencias de la administración pública federal, con los poderes Legislativo y Judicial, representantes de cuatro entidades federativas (Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas y Guerrero), organizaciones de la sociedad civil, comunidades en situación de desplazamiento y organismos autónomos de derechos humanos.

Jiménez-Damary refirió que las causas del desplazamiento forzado interno (DFI) son diversas y multifactoriales, a veces relacionadas con los proyectos de desarrollo, la minería y tala ilegal, o por conflictos electorales, religiosos y agrarios, así como con la violencia de género, el cambio climático y los desastres naturales, pero en la mayoría de los casos se deben a ataques o amenazas directas del crimen organizado. En este sentido, comunicó que las personas con quienes habló enfatizaron el elevado índice de violencia que enfrentan, aunado a altos niveles de impunidad que generan falta de confianza en las autoridades en general, pero particularmente en el sistema de justicia criminal.

Aunque no se dispone de cifras oficiales sobre el número de personas afectadas, estimaciones de organismos y académicos las sitúan entre 350 mil y 400 mil, y uno de los aspectos más alarmantes reside en que alrededor de 40 por ciento de las víctimas pertenecen a un pueblo indígena: si se considera que quienes se identifican como descendientes de los pueblos originarios representan apenas 10 por ciento de la población mexicana, está claro que este grupo padece de manera desproporcionada el desplazamiento.

Ante este panorama, resulta notoria la escasa atención que el problema recibe en el debate público y por parte de las autoridades, hasta el punto en que apenas en 2019 se dio un reconocimiento del Estado mexicano a la existencia del fenómeno. Quizá porque el foco mediático se ve capturado por actos de mayor impacto visual, porque las víctimas de DFI provienen, en su gran mayoría, de comunidades marginadas o por una combinación de factores, el hecho es que se ha soslayado de manera lamentable el trance en el que se encuentran cientos de miles de personas, el cual las desarraiga de sus hogares, las expone a todo tipo de peligros y supone una permanente afrenta a sus derechos humanos.

Cabe esperar que el compromiso manifestado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para brindar una atención integral a esta problemática se traduzca a la brevedad en un alivio para las personas desplazadas y en la construcción de condiciones para que puedan retornar a sus hogares con plenas garantías para su integridad física y patrimonial.