Durante ocho años, José Díaz no tuvo conocimiento de que su departamento, por el cual pagó 5 millones de pesos, era ilegal.

Su vivienda está ubicada en un edificio de la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, y fue construida por la inmobiliaria Rouz en los niveles seis, siete y ocho, pese a que el uso de suelo en esa zona sólo permite cuatro.

En 2012, el notario de la propia empresa escrituró su inmueble; sin embargo, años más tarde, al querer vender su patrimonio, descubrió que no podía hacerlo porque se encontraba en una situación ilegal.

“Cuando me di cuenta busqué a la constructora por todos los medios y se dieron cuenta de que estaban metidos en un problema muy grave, contrataron a un despacho externo para poder regularizarlo y dijeron: ‘nos va a costar, pero lo tenemos que hacer’”.

No ha hecho denuncia formal

Si bien afirmó que esa venta se trató de un fraude que puede constituir un delito penal, no ha interpuesto una denuncia porque la inmobiliaria accedió a pagar, al menos, unos 6 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), con lo que pretende legalizar el espacio construido por medio del mecanismo de transferencia de potencialidad, el cual todavía no se ha concretado.

“En la Ciudad de México hay inmuebles que tienen potencial de metros que no pueden construir porque, por ejemplo, algunos son históricos y están protegidos; entonces, esos metros se pueden comprar ante la Seduvi para que se transfiera ese potencial de construcción a este edificio en el que se excedieron de metros.

Los vecinos ya juntamos todos los papeles y estamos en el proceso para que Seduvi nos los acepte. La constructora va a pagar su culpa muy cara, pero ya nos van a regularizar, agregó Díaz, quien explicó que se analizaron otros métodos de solución, como solicitar el cambio de uso de suelo ante el Congreso de la Ciudad de México.

Para José el proceso ha sido estresante; tanto, que se ha visto reflejado en su salud, pero confía en el anuncio de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de regular este tipo de viviendas para que pueda hacer uso de su patrimonio que fue adquirido de buena fe.

Es mucha la frustración que se siente, porque es una constructora que nos defraudó de 100 a 100 y nos hizo pasar la vida de cuadritos. La propuesta de regulación del gobierno me parece magnífica, ayudar a toda esta gente y buscar una solución que beneficie a las personas defraudadas, pienso que es el único camino; tenemos una jefa de Gobierno que está volteando a vernos, se me hace muy positivo, básicamente está en sus manos ayudarnos, aseguró José, quien también buscó apoyo en la alcaldía Benito Juárez, pero ésta se declaró incompetente para resolver la situación.