En México existen alrededor de 27 mil comités autónomos de agua que dan servicio a más de 7 millones de personas. Surgieron en las comunidades como una necesidad ante la constante disminución de disponibilidad del líquido en sus pozos, lo que se agravó en las dos décadas pasadas por la desecación de lagos y avance de la mancha urbana.

Ayer se realizó la primera reunión de 10 comités de cinco estados para formar una gran alianza y defenderse de quienes pretenden dejarlos sin agua: las empresas inmobiliarias, los gobiernos que autorizan las obras y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que no les reconoce personalidad jurídica y se niega a negociar el pago de deudas.

Es el caso del comité de San Sebastián, Zumpango, estado de México, que tiene una deuda de 5 millones de pesos con la CFE, comentó Aram Adair León, presidente del organismo comunitario. Comentó que han buscado llegar a un acuerdo con la comisión para evitar que les corten el suministro de energía eléctrica, pero la respuesta es que, al carecer de personalidad jurídica, no es posible acuerdo alguno.

El problema es que el recibo llega cada bimestre a nombre del comité y con la categoría de empresa, cuando en realidad sus integrantes son elegidos por usos y costumbres, no reciben ningún pago y tienen como única función organizar la distribución del líquido para uso doméstico desde el pozo comunitario del pueblo. Su intención es mantener el suministro de agua potable a mil 800 tomas de la comunidad.

Destacó que, por la misma causa de deudas millonarias, la CFE ya ha cortado la luz en los pueblos cercanos de Coyotepec y Pueblo Nuevo y, por lo tanto, los dejaron sin agua.

Ayer, los representantes de comités de agua de Hidalgo, Morelos, Puebla, estado de México y Oaxaca coincidieron en que el agua representa un bien común y tener acceso a ella es un derecho humano, del que las autoridades parecen olvidarse.

Durante la reunión, plantearon entre las problemáticas más urgentes la falta de reconocimiento de la autonomía y la libre determinación de las comunidades, pueblos y organizaciones; la existencia de procesos de despojo, acaparamiento y contaminación del agua en sus territorios; la poca sostenibilidad económica de sus organizaciones, y la importancia de cohesionar la participación comunitaria para emprender acciones y demandas conjuntas.

La problemática es compartida por los comités. Aram León explicó que ninguno de los vecinos paga por tener agua en su casa. Lo único que se cobra es la cuota para el pago de la luz que, en San Sebastián, es de 60 pesos cada mes.