El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) cuenta con 120 días para hacer las modificaciones a su estructura aprobadas el jueves pasado, tiempo en el que no habrá más despidos de trabajadores, aseguró la titular del organismo, Patricia Avendaño Durán.

Luego de que fue formalizada la restructura del IECM, que generará más de 40 millones de pesos de ahorro anuales, la presidenta reiteró, en entrevista, la necesidad de más recursos porque, afirmó, no se cuenta con dinero para el pago de prerrogativas a partidos a partir de octubre, por lo que seguirán insistiendo ante el gobierno central con su solicitud de mayor presupuesto.

En octubre, noviembre y diciembre el órgano electoral debe entregar alrededor de 114.6 millones de pesos por concepto de financiamiento para actividades ordinarias a los seis partidos con registro en la Ciudad de México.

La reforma aprobada por el Congreso local implica un supuesto ahorro de más de 44 millones de pesos mensuales netos.

Al respecto, Avendaño puntualizó que el ahorro por la restructuración no es dinero líquido, sino que se trata de recursos que, simplemente, no serán solicitados para el capítulo de gasto 1000, mediante el cual se hace el pago de remuneraciones al personal.

Agregó que a partir de la aprobación de los cambios se inicia una segunda etapa de la restructura, en la que se evaluarán los perfiles de los funcionarios que tendrán que ser reubicados.

Si bien algunos trabajadores han mostrado temor a ser despedidos, Avendaño dijo que no habrá más recortes.

Las labores, garantizadas

En esta nueva fase las personas podrán decidir si quieren participar en los nuevos puestos; habrá quien quiera irse, entonces, el número definitivo (del recorte) lo sabremos posteriormente, y será en función de quién quede.

La restructura implicó la desaparición de cinco áreas y la reducción de 57 plazas laborales. Los consejeros aseguraron que, pese al recorte, se garantizará el desarrollo óptimo de las funciones sustantivas del instituto sin demérito de las obligaciones en materia de género, derechos humanos, fiscalización y vinculación externa.