Tras la presentación del informe de avances de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) sostuvo que es una muestra de la voluntad al más alto nivel de allegarse de todos los elementos que contribuyan al conocimiento de la verdad acerca de lo ocurrido, así como para el acceso a la justicia al que tienen derecho las víctimas, sus familias y la sociedad mexicana.

Se trata de un paso importante para apuntalar el actuar diligente, coordinado y responsable de todas las autoridades del Estado mexicano hacia el objetivo compartido de llegar a la verdad de lo sucedido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, dijo Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de ONU-DH.

Agregó que “la llamada verdad histórica resulta hoy aún más insostenible. Se debe seguir avanzando hacia el derecho a la verdad, que comprende conocer las circunstancias que permitieron el ataque contra los estudiantes, la secuencia de los hechos, el rol del Estado y los grupos delincuenciales en la confabulación criminal y el destino final de los estudiantes con base en pruebas fehacientes”.

En un comunicado, la agencia de Naciones Unidas consideró que es fundamental que la fiscalía asegure un actuar sólido para la judicialización de todos los actores involucrados, incluyendo a los mandos superiores, tanto civiles como militares, señalados ya sea por acción u omisión en las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas.

También, recalcó que la información debe llevar a adoptar medidas inmediatas de no repetición acordes con la gravedad del caso, entre las que se encuentran, como mínimo, una depuración inmediata del funcionariado que haya participado activa o pasivamente en los hechos de septiembre de 2014 y de aquel que haya contaminado u obstruido la realización de una investigación efectiva; el fortalecimiento de los controles civiles sobre las fuerzas armadas en México; y la transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes.

Ponderó que, en línea con los estándares internacionales, es crucial que en este proceso las autoridades mantengan un diálogo permanente con las familias y defensores de derechos humanos que las acompañan, para garantizar el acceso a toda la información generada y la que se pueda obtener posteriormente.

Como parte de lo expuesto en el informe, la ONU-DH destacó que los nuevos datos y declaraciones corroboran y amplifican lo que previamente habían comenzado a delinear padres y madres, organizaciones y expertos internacionales.