El Senado inicia el periodo de sesiones el próximo 1º de septiembre con 915 iniciativas pendientes de dictamen tan sólo de ésta, la 65 legislatura, entre ellas una de la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, que propone restructurar el tipo penal de feminicidio. También está la ley de protección a personas alertadoras y denunciantes de hechos de corrupción presentada por Morena.

No obstante el cúmulo de iniciativas pendientes de dictamen, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, enumeró lo temas que estarán a debate en este periodo que inicia el próximo jueves: el código nacional de procedimientos civiles y familiares, la expedición de la ley de cannabis sicoactiva e iniciativas en materia de salud, agua, transporte, igualdad de género, cuidados paliativos, legislación laboral, cambio climático, discriminación racial, así como el delito de ciberseguridad y la eliminación de terapias de conversión.

Además, dijo, se debatirá la propuesta para eliminar el horario de verano, legislar sobre desplazamiento forzado interno, feminicidio en grado de tentativa y seguridad social de trabajadores eventuales del campo.

Entre las 915 iniciativas pendientes de dictamen se encuentran el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En la iniciativa de la senadora morenista Olga Sánchez Cordero se propone restructurar el tipo penal de feminicidios, por lo que se implementan nuevas penas y sanciones para quien o quienes cometan este delito, así como las causas por las que podrá considerarse feminicidio en razón de género, se añaden agravantes y particularidades que podrán ser o no consideradas como feminicidios.

Otro tema que no se ha analizado en comisiones es la discusión proyecto de ley de protección a personas alertadoras y denunciantes de hechos de corrupción.

El grupo de Morena propuso una ley de nueva creación que tiene por objeto garantizar la protección a las personas físicas o servidores públicos que presenten una alerta o una denuncia por un posible hecho de corrupción, por lo que las personas alertadoras de un posible hecho de corrupción, una vez evaluado su caso por las autoridades investigadoras y determinado que pueda estar vinculado con un posible hecho de corrupción, deberán recibir el ofrecimiento de ser integradas al registro federal de protección de personas alentadoras y denunciantes de hechos de corrupción.

De igual forma, no se ha dictaminado la reforma al artículo 4º constitucional propuesta por los senadores del PAN que plantea establecer que el Estado mexicano deberá garantizar el abastecimiento suficiente de insumos de salud para el diagnóstico y tratamiento de padecimientos, incluidos los tratamientos oncológicos para todas las personas derechohabientes y sin seguridad social, atendidas en las dependencias y entidades de la administración pública, federal y local, que forman parte del sistema nacional.