Alrededor de 40 por ciento de las personas detenidas en el país están bajo prisión preventiva, y aunque no todos están por prisión preventiva oficiosa, es una muestra del abuso de este tipo de recurso legal, explicaron especialistas.

Consultados por separado, Sofía de Robina Castro, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), y David Peña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), coincidieron en que la eliminación de dicho recurso no dejaría a cientos de criminales en las calles, sino que obligaría a agentes del Ministerio Público y jueces a trabajar en la revisión caso por caso.

Recalcaron que existen los elementos jurídicos para que los criminales peligrosos o que presenten riesgo de fuga se mantengan detenidos en tanto se dicta sentencia.

De Robina Castro apuntó que luego que en 2019 se modificó la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa, se amplió el catálogo de delitos por el que se dicta de manera automática una detención oficiosamente, y se equiparó a delitos contra la salud o narcotráfico, desaparición de personas o delincuencia organizada, con otros como robo a casa habitación, delitos electorales o robo al transporte de carga.

Con ello no se necesita ningún tipo de argumentación, sino con que se señale a una persona de haber cometido un delito de este catálogo, se dicta prisión oficiosa.

También, dijo, genera un mal incentivo a los ministerios para dejar de buscar las pruebas necesarias, y aunque la gente puede pensar que es favorable porque meten a más personas en prisión, eso no es ningún indicativo de que están metiendo a las personas realmente responsables después de una investigación adecuada.

Peña agregó que 70 por ciento de quienes son detenidos por prisión preventiva oficiosa son personas de ingresos económicos muy bajos.

Aunque uno de los argumentos expuestos en el debate público para insistir en la defensa de la prisión preventiva oficiosa es que, de eliminarse, los jueces deberían dictar la medida de retención y se pondrían en riesgo de ser ubicados por el crimen organizado, Peña adujo que de fondo hay otras motivaciones , y consideró que a la administración federal le preocupa el tema de corrupción en los jueces y ministerios públicos.

Con la reforma de 2019, añadió, se presentó una postura política en busca de apostarle por este recurso legal como vía para bajar la delincuencia, pero aseveró que no ha resultado la estrategia.

De acuerdo con el reporte más reciente del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, en el país hay 226 mil 916 personas detenidas tanto por delitos del fuero federal como del común. De las personas detenidas, 134 mil 321 están sentenciadas y 92 mil 595 están procesadas bajo prisión preventiva en espera de una sentencia.

La proporción aumenta cuando se contempla únicamente los delitos del fuero federal: de 29 mil 182 detenidos en total, 45 por ciento están sin sentencia.