l más reciente informe de la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa, dado a conocer el jueves pasado, llevó a la detención, el día siguiente, del ex procurador Jesús Murillo Karam, quien hasta ahora aparece como el principal responsable del acto de encubrimiento y obstrucción de la justicia conocido como verdad histórica, en cuya fabricación se recurrió a la tortura de varias personas. Pero otro presunto culpable, Tomás Zerón de Lucio, quien en 2014 era director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y desde esa posición falsificó pruebas y coordinó el apremio físico contra algunos detenidos, fue solicitado en extradición a Israel desde hace dos años, sin que el régimen de Tel Aviv haya accedido a las reiteradas peticiones de México.

Cabe recordar que Zerón está acusado además de un desfalco de cerca de mil millones de pesos y que en la época de la atrocidad de Iguala tenía ya un expediente más que turbio en su paso por la extinta Policía Federal Preventiva –de la que fue dado de baja en 2007 por fallos catastróficos de coordinación que llevaron a la muerte de cinco policías y dos civiles en un enfrentamiento ocurrido en Cananea, Sonora– y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, donde encabezó la cuestionada investigación sobre la muerte de la niña Paulette Gebara Farah, en 2010.

En mayo pasado, el medio financiero israelí Calcalist informó que Zerón de Lucio vivía tranquilamente en un lujoso edificio en Tel Aviv, donde gozaba de la protección del empresario David Avital, socio mayoritario de la empresa MTRX Technologies, que en el pasado reciente vendió sistemas de espionaje a la PGR, cuando el ex policía prófugo trabajaba en esa extinta dependencia. Sea o no cierto lo anterior, el hecho es que a casi dos años de que se pidió la extradición del ex policía, es difícil no concluir que es el propio gobierno israelí el que lo protege, y resulta ineludible preguntarse por los motivos de semejante actitud.

Una posible respuesta podría encontrarse en los vínculos de Zerón con las empresas de seguridad, armamento y espionaje de Israel –sector fundamental para la economía del Estado hebreo–. Otras voces han apuntado que la negativa tácita de Tel Aviv a entregar al ex funcionario prófugo obedece al descontento israelí frente a las posturas diplomáticas de México que abogan por el respeto a los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados y por el derecho de su población a construir un Estado propio.

Sean cuales sean sus motivaciones reales, el gobierno de Israel no ignora lo importante que es para México procesar al sembrador de pruebas, torturador y sospechoso de estafador, para alcanzar el pleno esclarecimiento y la justicia en el caso Ayotzinapa y, por ende, para fortalecer el estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos, y por eso mismo el empecinamiento de Tel Aviv en dar protección a este presunto criminal exhibe el pragmatismo y la inmoralidad de su política exterior.