l ex presidente Donald Trump compareció ayer ante la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, quien investiga posibles prácticas empresariales ilegales por parte de él y su familia, como exagerar los valores de sus activos para obtener préstamos favorables y subestimarlos para obtener exenciones fiscales. En un comunicado, el magnate afirmó que se negó a responder las preguntas de la fiscalía en virtud de los derechos y privilegios que la Constitución de Estados Unidos otorga a todo ciudadano, calificó de nueva cuenta las pesquisas como la mayor cacería de brujas en la historia de su país, e incluso consideró que indagar sus presuntas conductas criminales convierte a la nación en una república bananera.

Con esta misma retórica denostó el cateo efectuado el lunes por la FBI en su mansión de la exclusiva zona de Palm Beach, Florida: para el ex presentador de televisión, tal asalto sólo sucede en países descompuestos del tercer mundo, y estuvo motivado por el esfuerzo de demócratas de izquierda radical para descarrilar su pretensión de volver al poder en 2025. Es pertinente señalar que el actual director de esa agencia, Christopher Wray, fue nombrado por el propio Trump. El Departamento de Justicia (al cual se encuentra adscrita la FBI) no ha informado el motivo de la redada, pero diversos medios han difundido que se relaciona con la búsqueda de documentos oficiales, algunos de ellos clasificados, que Trump se llevó consigo al terminar su presidencia en enero de 2021. Durante meses, las autoridades negociaron para que el ex mandatario devolviera 15 cajas con materiales que debió entregar a los archivos nacionales, pero se presume que retuvo algunos documentos.

El cateo en el lujoso club de golf de Trump, conocido como Mar-a-Lago, desató reacciones furibundas del propio magnate, de sus simpatizantes y correligionarios. En redes sociales hubo fanáticos trumpistas que llamaron a tomar las armas, calificaron ésta y otras investigaciones judiciales de causas de guerra civil y desconocieron la institucionalidad. De manera alarmante, dichos puntos de vista fueron reproducidos por miembros republicanos de la clase política, con figuras tan prominentes como el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, profiriendo amenazas directas al procurador general Merrick Garland. La candidata a gobernadora de Arizona, Kari Lake, declaró que este régimen ilegítimo y corrupto odia a Estados Unidos y ha vuelto todo el gobierno federal en un arma para destruir a Donald Trump, con lo que de paso se hizo eco de las desacreditadas denuncias de fraude electoral en los comicios presidenciales de 2020.

El asalto al Capitolio del año pasado, con el que se intentó frustrar la ceremonia de nombramiento de Joe Biden como presidente electo, es buena muestra de que al menos una parte de los más fervorosos trumpistas no bromea cuando habla de recurrir a la violencia para respaldar a su líder. Si a ello se suma la presencia de políticos dispuestos a ignorar la ley en su adhesión a Trump, puede verse la profundidad de la ruptura que atraviesa a la sociedad estadunidense, una grieta de la que el empresario no es causa, sino síntoma, y para la cual no hay ninguna solución a la vista.