e está haciendo costumbre que, desde el poder del Estado, los medios de comunicación a su servicio, e incluso las redes sociales, se responda a la crítica y las denuncias del actual proceso de recolonización de los territorios, con su concomitante militarización y creciente presencia de la delincuencia organizada –como agente activo de la guerra contra las resistencias de los pueblos–, con señalamientos estigmatizantes, clasificaciones peyorativas, y aun graves acusaciones sin pruebas ni fundamentos.

Este es el caso de las reacciones gubernamentales y mediáticas a cuestionamientos como la carta: Por qué nos oponemos al Tren Maya (que comentamos en nuestro periódico en abril (https://www.jornada.com.mx/2022/04/ 29/opinion/016a1pol), firmada por más de 300 investigadores de diversas disciplinas, con reconocidas trayectorias e integrantes de reputadas instituciones, en la que se exponen, con base en conocimientos teóricos, trabajo de campo y un probado compromiso con el bien de México, 20 razones para oponerse a la realización de este megaproyecto, y pronunciarse por: 1) que el gobierno detenga el proyecto del Tren Maya; 2) que se comience una evaluación seria y cuidadosa de los impactos que la obra ha ocasionado; 3) que se destine financiamiento para la restauración social y ecológica de la región, y 4) que se realice una profunda discusión, que incluya prioritariamente a los pueblos y comunidades indígenas regionales, sobre la pertinencia de éste y otros proyectos que tiendan a recuperar sus valores ambientales y culturales.

El conjunto de los opositores al Tren Maya, que por cierto no constituyen un grupo homogéneo ni mucho menos centralizado, y que se conforma con organizaciones de pueblos y comunidades indígenas, algunas adscritas al Congreso Nacional Indígena, y otras de carácter regional, científicos sociales y de otras disciplinas, artistas, ambientalistas de variadas procedencias, organizaciones gremiales y políticas, y ciudadanía local y nacional, preocupada por los efectos que el megaproyecto tendrá sobre el ambiente, han sido descritos como: seu­do­ambientalistas, financiados por el gobierno de Estados Unidos, abajo firmantes que requieren baños de pueblo, que tienen ganas de parar el Tren Maya y van a terminar subiéndose, no actúan de buena fe, organizaciones que han recibido dinero del extranjero, actúan como conservadores, la extrema izquierda y la extrema derecha se tocan, nunca defendieron el ambiente, personas que administran conflictos, ambientalistas disfrazados, reciben apoyo económico de corporaciones alemanas, sin mencionar en esta lista, las patrañas conspirativas del tipo Daniel Estulin, que considera al Ejército Zapatista de Liberación Nacional vinculado a la corona británica y, por ende, un movimiento separatista proangloamericano, que usa a las comunidades indígenas como un recurso de bandera falsa, mientras las autonomías indígenas constituyen, para este analista, un riesgo para la existencia misma de México como Estado-nación (https://www.jornada.com.mx/2020/02/ 21/opinion/016a2pol).

Obviamente, han quedado sin respuesta las razones comprobadas para oponerse a esta megaobra. Hasta ahora, es evidente la violación al principio de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada, mandatada por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo. En los hechos, se está imponiendo una concepción del progreso, rentabilidad y urbanización que violenta gravemente los tejidos comunitarios y modos de vida del pueblo maya, sus visiones del mundo, producción y subsistencia.

Como ya ha sido denunciado, las edificaciones, vestigios y sitios arqueológicos serán destruidos en parte, o entrarán como mercancías de los circuitos turísticos, en un contexto marcado por la especulación de tierras, desplazamientos poblacionales y desestructuración comunitaria. Peligran o están siendo ya afectados complejos sistemas hidrológicos subterráneos, el acuífero de la Península, su sistema de cuevas y ríos subterráneos, su fauna y la información geológica, la riqueza biocultural de relevancia planetaria, arrecifes bacterianos, cuevas de murciélagos, el jaguar, el pecarí y un sinnúmero de especies de peces, aves e insectos, los ecosistemas en que se asienta 54 por ciento de los manglares del país, la reducción acelerada de los bosques tropicales, todo lo cual reduce la vulnerabilidad de la población frente al evidente cambio climático. No se toman en cuenta los efectos sociales que ocasionan este tipo de megaproyectos, como la migración, el crecimiento poblacional, el turismo masivo, el aumento de la violencia por la presencia del crimen organizado, como prueba el caso de Cancún.

Si se viviera una transformación histórica, el debate público tendría que cambiar para pasar de los adjetivos a la argumentación razonada. ¿Será posible?