a visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, duró menos de 24 horas, pero sus consecuencias serán profundas y se harán sentir, al menos, en el mediano plazo. China ya anunció una serie de represalias comerciales contra Taipéi, entre las cuales se incluye el bloqueo a las exportaciones de arena natural, componente básico en la fabricación de semiconductores, sector en el que la isla es líder mundial. Asimismo, se puso en pausa la construcción de una planta de producción de baterías de litio que suministraría a empresas como Tesla o Ford, y ha trascendido que varios proveedores de Apple suspendieron sus envíos.

n México, las violaciones a derechos laborales fundamentales eran algo cotidiano, pues los gobiernos del pasado crearon un entramado de simulaciones en contubernio con empresas y sindicatos de protección patronal implantando una cultura antisindical desde la que se atentaba contra la vida interna y la democracia de los gremios de trabajadores.

ace ya tres décadas, el salinismo intuyó que una parte sustancial de la producción industrial de los países centrales se desplazaría a ciertas naciones periféricas. En particular, a aquellas capaces de contar con las condiciones materiales mínimas para hacer frente al desafío: infraestructura, redes de comunicación, suministro de energía, etcétera. Pero, sobre todo, con una fuerza de trabajo adecuada a las nuevas circunstancias. En el norte del país emergió una extensa franja de industrias maquiladoras destinadas a proveer cadenas de suministro a Estados Unidos y Canadá. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se pensó, habría de facilitar y potenciar el acoplamiento. Con los años, el sueño fue decayendo, entre otras razones, por la proliferación del crimen organizado, un estamento empresarial típicamente rentista –es decir, de antiguo régimen– y una élite política dedicada a la especulación financiera (en beneficio propio).

l Código de las Familias en Cuba va a referendo el próximo 25 de septiembre, tras meses de debate popular. Ante los sólidos argumentos en su favor, poco se ha dicho en su contra que pueda analizarse jurídicamente: dogmas religiosos (que deberían ser privativos de quienes practican tales creencias y no impuestos a una sociedad no confesional), prejuicios, ignorancia o simplemente desembozadas falsedades.