os linchamientos acontecen en determinado clima social. Tienen un contexto que contribuye para tratar de comprender la conducta límite de quienes perpetran el horror. Juega su parte en el fortalecimiento del salvajismo la desconfianza en las instituciones del Estado, las que con su inacción o complicidad fomentan la impunidad de quienes cometen innumerables delitos. Pero, con todo, hay responsabilidad personal ética y jurídica de quienes instigan a linchar y de quienes aceptan participar en el atroz acto.

La barbarie padecida por Daniel Picazo, en Papatlazolco, municipio de Huauchinango, Puebla, es, tristemente, un caso más que engrosa los expedientes de la inhumanidad que se regocija en sus parafernalias supuestamente purificadoras. El 10 de junio Daniel fue víctima de un rumor que corrió en distintas plataformas de mensajes, la velocidad tecnológica hizo posible que se diseminara ampliamente la advertencia sobre que rondaba la población un secuestrador de menores. De visita en Papatlazolco, el abogado de 31 años tuvo el infortunio de ser identificado como el raptor de infantes. Sumariamente una turba vociferante decidió molerlo a golpes, rociarlo de gasolina y quemarlo vivo. Daniel era inocente, la ciega y sorda multitud no quiso ver ni oír sus clamores de piedad.

La ejecución popular de Daniel Picazo trae a la memoria que en octubre de 2015 los hermanos Abraham y David Copado Molina fueron ultimados en Ajalpan, Puebla, porque alguien los acusó de haber secuestrado a una niña. Ambos mostraron credenciales que los identificaban como encuestadores. Estaban en Ajalpan para aplicar cuestionarios sobre el consumo de tortillas.

En el poblado creció un rumor, consistente en que una niña estaba desaparecida. Los hermanos fueron llevados a la cárcel municipal. Apareció la menor supuestamente secuestrada y no hizo cargos contra Abraham y David. La falsa acusación contra los hermanos siguió difundiéndose, algunos habitantes de Ajalpan sacaron de la cárcel a los dos y comenzó el juicio sumario. La golpiza, el linchamiento, solamente concluyó cuando los sanguinolentos cuerpos de Abraham y David fueron consumidos por la hoguera que prendieron los más iracundos de la muchedumbre.

Los horrores de Papatlazolco y Ajalpan, al igual que tantos otros casos parecidos, nos apremian como sociedad a no solamente reflexionar sobre lo allí sucedido, sino también a, desde todos los sectores, implementar programas y acciones pedagógicas que atajen la barbarie de los linchamientos. Es necesario internalizar en la ciudadanía principios que la hagan contenerse cuando se le convoca a ser parte de la turba que hace (in)justicia por propia mano. Desde la sociedad civil es muy importante reforzar la construcción de la personalidad democrática (ciudadanía consciente y practicante de sus derechos y responsabilidades), que fomenta mejores condiciones de convivencia social.

Son variadas las explicaciones dadas a los actos en que una turba enfebrecida decide ejecutar a quien sumariamente considera culpable de algún agravio contra la comunidad. Un argumento que mueve a los justificadores de las ejecuciones es que existe alta desconfianza en las instituciones de procuración de justicia. Esgrimen que la corrupción del aparato judicial y la impunidad que cubre a los delincuentes son elementos que contribuyen a que tengan lugar los linchamientos. La corrupción existe y la impunidad es un lastre incompatible con la democracia integral a la que aspiramos. Sin embargo, tal realidad no exime de responsabilidad jurídica y moral a quienes participan en las atrocidades que terminan en asesinatos o graves daños físicos de personas a las que se les negó cualquier posibilidad de defensa legal.

La de justicia por propia mano es una zona oscura. Es imperioso iluminarla, y lo hace bien José Antonio Aguilar Rivera en La soga y la razón, trabajo que hace unos años obtuvo el primer lugar de un certamen convocado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre casos de linchamientos (https://bit.ly/3visvhO). El autor señaló la debilidad del Estado, su incapacidad para garantizar la impartición de justicia, la crónica desconfianza que le tiene la ciudadanía y de allí la tentación de algunos de hacer justicia por propia mano. Pero también apuntó hacia lo que llama el lado oscuro del capital social, el cual no ha recibido la misma atención que sus efectos virtuosos. En ocasiones la sociedad civil puede obstaculizar la formación de un orden democrático.

Es necesario estar atentos a los actos que niegan la democracia pero cuentan con apoyo popular. No todo lo que hace una mayoría se convierte súbitamente en acto democrático. Es inaplazable hacer luz sobre el lado oscuro del capital social capaz de perpetrar linchamientos con festiva saña. Comprender no es, no debe ser sinónimo de justificar las crueles ejecuciones de la turbamulta enloquecida.