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Mirar al sur

La eventual victoria electoral de Lula, ensombrecida por la amenaza de golpe fascista

T

odas las encuestas dan la victoria a Lula para las elecciones de octubre. Pero la fuerza unida del ejército, las milicias y los intereses económicos que apoyan a Bolsonaro serían la herramienta para impedirla con el argumento infundado de que el actual sistema de voto electrónico no es confiable. El reconocido religioso y activista político brasileño Frei Betto lo pone en estos términos: No hay necesidad de cantar victoria antes de tiempo. Nada garantiza que Lula sea elegido y, de serlo, que asuma el cargo. Las amenazas de golpe se ciernen sobre la nación. Y sólo hay una forma de evitar estas graves amenazas a la democracia: ¡nuestra movilización! (https://bit.ly/3aYWGDQ). Mientras, el analista Jefferson Miola afirma: El golpismo continuado, es decir, la profundización permanente del estado de excepción hacia el precipicio fascista siempre ha estado presente en el campo de posibilidades de esta larga, interminable y trágica coyuntura abierta en 2013 en Brasil y acelerada a partir del fraudulento juicio político a la presidenta Dilma Roussef en 2016. Los militares saben que en democracia y dentro de las reglas del estado de derecho, no pueden relegir a Bolsonaro.

Y también saben que es sólo en los campos del golpismo y el terrorismo –incluido el asesinato de Lula– donde están las posibilidades de que impidan la elección del ex presidente del PT en octubre. Recuerda la afirmación de Bolsonaro: Para cerrar el Supremo Tribunal Federal (STF) no se necesita ni un Jeep, sólo un soldado y un cabo. A pesar de las reiteradas amenazas de Bolsonaro y los generales de que sin voto impreso no habrá comicios, como proclamó el propio Bolsonaro al mundo en una reunión con embajadores de decenas de países, muchas personas todavía menosprecian o dudan de la existencia del plan militar golpista. Coincide con Frei Betto: Sólo una amplia movilización social podrá frenar el avance del golpe… y obligar a la Cámara (de Diputados), a la Procuraduría General de la República, así como al STF, a cumplir con sus obligaciones constitucionales de proteger y salvar la democracia (https://bit.ly/3zsHE2w).