l presidente Andrés Manuel López Obrador justificó ayer en Rosamorada, Nayarit, la decisión de su gobierno de contratar a médicos cubanos, aunque no descartó traerlos de Estados Unidos, de Rusia, de Japón o de Francia si es necesario, porque, manifestó, el compromiso de su administración es llevar servicios de salud gratuitos y de calidad a todo el territorio nacional y a toda la población, especialmente a las personas más vulnerables que no cuentan con seguridad social.

Ante empleados de salud que protestaban por haber sido despedidos, el mandatario ofreció: vamos a basificarlos a todos y vamos a mejorar el servicio y serán recontratados quienes fueron despedidos de manera injustificada. Asimismo, López Obrador reseñó las condiciones –por los suelos– en las que el gobierno actual recibió el sistema público de salud en 2018, la simulación y la corrupción que imperaron en él y el rezago en reconstruirlo debido a la pandemia de covid-19, la cual obligó a concentrarse en mitigar la emergencia sanitaria. “Por eso –dijo– nos ha costado cumplir con el compromiso de que tengamos un sistema de salud de calidad, universal, es decir, que se garantice lo que establece, y está convertido en letra muerta, el artículo 4 de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud”.

Ciertamente, tal postulado constitucional ha sido sistemáticamente incumplido por los gobiernos anteriores y resulta destacable el énfasis con el que el actual ratifica su voluntad de llevarlo a la práctica. Es pertinente, al respecto, recordar que en el texto constitucional tal precepto es mencionado como el derecho a la protección de la salud, complementado por el inciso anterior, perfeccionado en el presente sexenio, sobre el deber del Estado de garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Parece inevitable, sin embargo, que la reconstrucción de un sistema de salud eficiente y completo en el país pase por una reforma a la Carta Magna que retome las consideraciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en las que se define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, y el derecho a ella como la garantía al goce del grado máximo de salud que se pueda lograr. Asimismo, tales organismos han establecido que el derecho a la salud es inclusivo y se extiende no sólo a una atención médica oportuna y apropiada, sino también a los determinantes implícitos de la salud, como el acceso a agua potable y segura y el saneamiento adecuado, condiciones ambientales y laborales saludables y acceso a la educación e información relativa a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.

Aunque ese es el horizonte deseable al que se debe avanzar, no debe perderse de vista que el objetivo inmediato es asegurar atención médica gratuita y de calidad a todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional y que si éste se logra, México conseguirá un enorme avance social y económico. Es difícil, pero no imposible.