tendiendo el oportuno encargo presidencial para dotar de servicios médicos a la población sin seguridad social (federalización), las intervenciones de Zoé Robledo en 10 conferencias matutinas –hasta julio de 2022– despiertan más inquietudes que certezas.

Para el desafío de la escala urbana de esa federalización, en Soy derechohabiente pero la clínica está muy lejos (Galindo, UNAM, 2019) se documenta que se requiere de una hora a 95 minutos para encontrar un tercer nivel de atención en la CDMX. En el medio rural el asunto se agrava porque la escala regional determina de 30 a 200 kilómetros. Y sin embargo, en Guachochi (Chih.), una zona de servicios médicos del Programa IMSS-B (PIB), ahora responsable del encargo presidencial, dista casi 400 kilómetros u ocho horas de traslado para ubicar un segundo nivel, descontando el costo –muy elevado– del escaso transporte.

Como señala Galindo, es la inadecuada planeación en la distribución de las unidades médicas del IMSS y del PIB lo que determina que el criterio normativo IMSS establezca que hasta 50 por ciento de su población derechohabiente –respecto de la población total– quede contenida en el radio de servicio urbano recomendado. Sin embargo, lo que se observa, según Galindo, es que tanto para las –ya desaparecidas– Unidades Médicas Urbanas (UMU) del PIB como para los tres niveles de atención IMSS, en ningún radio se alcanza el porcentaje de población usuaria potencial.

Ello se traduce, para cualquier usuario, en que a más marginación hay también más baja accesibilidad a los servicios. Si eso es para el usuario, ¿qué ocurrirá con los médicos especialistas? Tal vez ello contribuya a explicar por qué de 138 postulaciones para ocupar una vacante de especialista en los hospitales regionales (HR) del PIB, apenas se concretaran un tercio.

El tema es grave, pero no nuevo. Responde a un comportamiento histórico –previo a la federalización– para completar las vacantes vacías en las unidades médico rurales (primer nivel) y HR (segundo nivel) del PIB que nunca alcanzaron 100 por ciento y donde la operación solía recaer en aquellos profesionistas que estaban desempeñando su servicio social. Todo ello resultado de la gran diseminación territorial, violencia, inseguridad, incomunicación y lejanía.

Ya con la federalización, debe agregarse que, al conocer las nuevas condiciones de contratación, los postulantes pudieran haberse ahuyentado al confirmar que serían integrados como trabajadores de Confianza A (cuyo estatuto contiene prestaciones reducidas en aguinaldo, vacaciones y pensión autofinanciada en Afore), frente a las del Contrato Colectivo de Trabajo de los trabajadores Régimen Ordinario. Es decir, con costos sectoriales comparativamente más bajos.

Ahora, con un PIB en crecimiento exponencial por el encargo presidencial, resalta el desafío sobre la falta de personal y que confirma que los profesionales de la salud no ocuparán plazas ubicadas en zonas inseguras. También explica que ellos postularan a un trámite que luego –por el tipo de contratación– los pudiera haber desalentado y que, finalmente, dejaran inconcluso.

Debe también considerarse que en todos los países y en todas las regiones las mujeres son la mayoría laboral en el sector salud, ocupando aproximadamente 67 por ciento de los puestos de trabajo. Como bien señala el reciente Informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) La brecha salarial de género en el sector salud y los cuidados: un análisis en la época del covid-19, aunque en algunos países los hombres representan apenas 25 por ciento del personal sanitario, ocupan, sin embargo, los puestos con mejores salarios por hora. Mientras la feminización de esos empleos ha precarizado las condiciones de trabajo porque se siguen infravalorando las actividades que realizan las mujeres. Sucede que, como integrantes de los equipos de salud, ellas enfrentan una de las mayores brechas salariales comparativamente con otros empleos: ganan tres cuartas partes respecto a lo que reciben sus compañeros varones por el mismo tipo de actividades.

Y aunque la pandemia canceló muchos puestos de trabajo en el mundo, ese no fue el caso del sector salud. Para la OIT y la OMS, las condiciones de trabajo del personal sanitario se han deteriorado drásticamente, en particular para todos aquellos trabajadores que se ubican en la primera línea. Por lo mismo, México ya busca ratificar el Convenio 187 de OIT con el que se propone promover el derecho fundamental a entornos laborales seguros y saludables.

Así que los desafíos de la federalización confirman, hasta ahora, que los profesionales de la salud no sólo están ahí. Cualquier cambio de régimen sanitario profundo, como el que enarbola la 4T, debe incorporarlos como la columna vertebral de la transformación, diseñando para ellos –dentro del nuevo modelo de atención– un capítulo laboral reforzado a la altura de su compromiso y responsabilidad.

* UAM- Xochimilco