El gobierno federal y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) acordaron un incremento salarial ponderado superior a 7 por ciento para el personal administrativo y de servicios generales, retroactivo al primero de enero de este año.

El dirigente de la FSTSE, Joel Ayala Almeida, informó que el acuerdo suscrito con la Secretaría de Hacienda, incluye el aumento al salario base y la suma de prestaciones para alrededor de 700 mil servidores públicos. Además, subrayó, continúan las negociaciones en el caso de la mejora salarial para médicos y paramédicos, que en breve se dará a conocer.

En lo que se refiere a la prestación denominada Ayuda para Despensa, se incrementa hasta mil 215 pesos mensuales; el apoyo para transporte ascendió a 960 pesos mensuales; el renglón de ayuda por servicios pasó a 835 pesos mensuales, y en lo que respecta al beneficio denominado previsión social múltiple”, llegó a 815 pesos mensuales.

En otros asuntos laborales, el presidente magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Placido Morales, pidió a diputados una nueva reforma laboral que permita agilizar los juicios interpuestos por los trabajadores al servicio del Estado, en la que se incluya la conciliación entre las partes y medidas de apremio para que los sancionados cumplan con los laudos.

Al reunirse con integrantes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, explicó que la reforma al artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que contempla el voto libre para elecciones gremiales y supera el control de una sola federación, le dio oxígeno al sindicalismo.

Urge apretar a sancionados para que cumplan laudos

Se trata de medidas que consideran la parte colectiva, pero falta la individual, manifestó, al destacar que el tribunal tiene muchos juicios que se hacen tortuosos, largos y engorrosos, entre otras cosas, debido a la falta de medidas de apremio para obligar a los sancionados a cumplir con los laudos laborales pendientes.

Para lograr que haya justicia pronta y expedita en el caso de los trabajadores del apartado B, el magistrado pidió cambios legislativos para que ese sector también tenga acceso a la conciliación y a audiencias únicas dónde se desahoguen todas las pruebas periciales, como ya aplica para los asalariados del apartado A.

Planteó que haya medidas de apremio, ya que en la actualidad los penalizados soslayan el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Los diputados se manifestaron dispuestos a trabajar en esas reformas con la colaboración del tribunal y la Secretaria del Trabajo.

Asimismo, Ayala Almeida valoró el esfuerzo del gobierno federal para mejorar los ingresos de sus trabajadores, en esta etapa difícil, en que no necesariamente se dan las condiciones de equilibrio económico en las finanzas públicas.