l titular del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, célebre por favorecer a los consorcios energéticos afectados por las políticas gubernamentales en la materia, otorgó una nueva suspensión definitiva a favor de 10 empresas que se resisten a aceptar el esquema de compras de gas natural emitido en junio pasado por la Secretaría de Energía a fin de garantizar el suministro en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, que tendría que empezar a aplicarse el 13 de agosto próximo. Con distintas argucias legales, ese mismo juzgador impidió el año pasado la entrada en vigor de las reformas a la Ley Eléctrica y la aplicación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Hace apenas unos días, el juez sexto de distrito en esa misma materia, Francisco Javier Rebolledo Peña, declaró inconstitucional y concedió un amparo a la transnacional Monsanto para contrarrestar el decreto presidencial de diciembre de 2020 que prohíbe el uso del glifosato y el maíz transgénico, en una decisión a todas luces perniciosa para el medio ambiente, la biodiversidad y la salud de la población.
La semana pasada se comentó en este mismo espacio la suspensión definitiva obsequiada por el juez Ramón Lozano Bernal a la transnacional energética Iberdrola para protegerla de la multa de más de 9 mil millones de pesos que le impuso la Comisión Reguladora de Energía por ventas ilegales a terceros de energía generada en la modalidad de autoabastecimiento.
Es preciso recordar también que en 2019 los jueces René Ramos Pérez –décimo de distrito en el Estado de México– y Juan Carlos Guzmán Rosas –quinto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México– fallaron, con argumentos disparatados, decenas de amparos promovidos por diversos membretes opositores a fin de impedir la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo que retrasó durante meses el comienzo de las obras correspondientes.
Es claro, pues, que el gobierno federal ha venido enfrentando una férrea oposición en cotos del Poder Judicial que no sirven a las necesidades del país, sino a los intereses de corporaciones, transnacionales, grupos de poder y reductos opositores. Existe un puñado de juzgadores que, lejos de facilitar el cumplimiento de las leyes vigentes y el funcionamiento de las instituciones, persiste en impedir la aplicación de un programa de gobierno que fue ampliamente respaldado por la mayor parte de la ciudadanía. Tales conductas de permanente sabotaje a los programas y acciones oficiales no sólo resultan manifiestamente antidemocráticas, sino que constituyen la rúbrica de un poder fáctico que actúa en el ámbito de los tribunales para impedir lo que no pudo evitar en las urnas: la superación de las políticas neoliberales y la transformación del país.
Finalmente, el enorme catálogo de amparos obtenido por corporaciones y facciones de la derecha tradicional disfrazadas de sociedad civil es también una radiografía de los aspectos de la transformación que más resiente la oligarquía desplazada del poder presidencial: las nuevas políticas de infraestructura, la estrategia energética del gobierno lopez-obradorista y las medidas de protección al medio ambiente, al campo y a la alimentación, ámbitos en los que mayores son los negocios inconfesables que han sido suprimidos.
Lo anterior muestra la imperiosa necesidad de emprender una limpieza a fondo del Poder Judicial y de cortar las connivencias entre algunos de sus integrantes y los intereses económicos depredadores que durante tantos años han medrado y prosperado a costa del país en su conjunto.
