La falta de claridad en los protocolos de investigación y búsqueda de personas desaparecidas, la escasa coordinación entre instituciones competentes para implementarlos y que no se tenga personal especializado para ponerlos en práctica, son algunos de los factores que influyen en que a pesar de que se cuenta con una normativa muy robusta, ésta no ha sido suficiente para la localización de las víctimas ni para prevenir este delito, aseveraron especialistas del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF).

Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda en el país, hay al menos 101 mil 236 personas desa-parecidas, y los estados con más casos son Jalisco, con 15 mil 45; Tamaulipas, 12 mil 74, y estado de México, 11 mil 161.

Roxana Enríquez Farías, directora del EMAF, consideró que si bien el país tiene protocolos para aplicarse en casi todas las situaciones de desaparición: de niños, niñas y adolescentes; de mujeres; desaparición forzada y cometida por particulares, el fenómeno sigue ocurriendo y se tienen búsquedas que no son efectivas.

Al reflexionar sobre por qué no se tienen resultados positivos, afirmó que en la práctica cuesta mucho trabajo ejecutar cada una de las acciones que se enmarcan en estos protocolos, además, uno de los principales problemas tiene que ver con la coordinación entre instituciones.

Asimismo, en algunos casos los lineamientos son demasiado específicos y establecen una serie de exigencias que no permiten avanzar, y no en todas las instituciones involucradas se tiene un área especializada en la materia, dijo.

Balance crítico

En entrevista, tras presentar la publicación del EMAF: Protocolos para la investigación y la búsqueda de personas desaparecidas en México. Un balance crítico, Enríquez Farías destacó que la crisis forense que se vive en el país, con más de 52 mil cuerpos sin identificar –según estimaciones de organizaciones–, refleja claramente la falta de coordinación entre toda esta normativa e instituciones.

Hay muchas personas inhumadas en fosas comunes e impera la descoordinación y una falta de homologación entre leyes, por ejemplo, de salud, las estatales, los reglamentos de los cementerios, que no van acordes con la ley de desaparición forzada, mencionó.

En la presentación del documento, Claudia Rangel, experta en el tema de desaparición forzada, aseveró que la deuda del Estado con la sociedad mexicana agraviada es inconmensurable y su tardío reconocimiento acerca de las miles de personas que han sido desaparecidas desde mediados de la década de los 60 hasta la fecha, se torna en un obstáculo para saldar de forma adecuada, eficiente y empática este delito de lesa humanidad.