l juez Ramón Lozano Bernal concedió una suspensión definitiva a Iberdrola Energía Monterrey (IEM) contra la resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que en mayo pasado le impuso una multa histórica de 9 mil 145 millones de pesos por vender a terceros en forma ilegal energía generada bajo la figura de autoabastecimiento. Con el fallo del juzgado tercero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, la trasnacional española podrá eludir el pago de la sanción hasta que se resuelva el litigio, cuya audiencia constitucional fue programada para el próximo 1º de septiembre. De manera significativa, el juez Lozano sólo dio a conocer el sentido del fallo, pero se reservó el expediente.
La sentencia emitida ayer es de una abierta obsecuencia hacia la empresa ibérica y se inscribe en una línea de golpeteo de integrantes del Poder Judicial en contra de políticas públicas en materia de energía que buscan poner freno al saqueo de los bienes nacionales por compañías privadas, ordenar el sector a fin de garantizar el servicio y la estabilidad de la red eléctrica, y avanzar en la construcción de la soberanía energética, propósitos que cuentan con el respaldo mayoritario de la ciudadanía.
Tal estela de afrentas a los intereses de la nación comenzó desde el momento en que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) revisó y rechazó contratos firmados durante sexenios anteriores, los cuales contienen términos claramente leoninos y lesivos para la empresa estatal. Los juzgadores respondieron obligando a la CFE a someterse a compromisos que le causan un evidente quebranto. Para poner fin a esta situación, el gobierno federal impulsó la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) aprobada en marzo de 2021, pero, lejos de ajustarse al marco legal, la iniciativa privada y sus personeros en la oposición política recurrieron a una cascada de amparos para neutralizar sus efectos, empeño en el que contaron con la complicidad de varios jueces. En esta fase destacó Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó suspensiones de manera indiscriminada para permitir la continuidad de todo tipo de prácticas abusivas. Esta andanada judicial, política y mediática obligó a intentar una reforma constitucional que despejara cualquier controversia y, pese al fracaso de la iniciativa en el Congreso, la declaratoria de constitucionalidad de la LIE en abril pasado abrió el camino para avances importantes que ahora se busca frenar con sentencias como la del juzgado tercero de distrito en materia administrativa.
Lo cierto es que, echando mano de subterfugios y recovecos jurídicos, diversos togados han obstaculizado sistemáticamente el logro de la soberanía. Al hacerlo, no sólo muestran su falta de vocación democrática y de sentido del momento nacional, sino que causan un daño objetivo y grave al país, puesto que se alían con multinacionales que han construido todo su modelo de negocio en torno al expolio. Si detrás de esa conducta no hay corrupción –extremo que tendría que investigarse–, existe al menos un lamentable desprecio a los intereses nacionales, hasta el punto de que a los jueces referidos bien les cabe el calificativo aplicado a los legisladores que se alinearon contra la reforma constitucional en materia eléctrica: traidores a la nación.
