n el marco de la lucha contra la corrupción, se dio a conocer en días pasados la apertura de investigaciones judiciales que involucran al ex mandatario Enrique Peña Nieto y a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y ex gobernador de Campeche. Con ellos se engrosa la lista –que no es pequeña– de personajes políticos de esa fuerza política y del PAN que se encuentran bajo pesquisa o sometidos a proceso.

En horas y días recientes se han dado a conocer además diversos señalamientos y denuncias que apuntan a figuras del oficialismo. Es el caso del ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez, a quien las actuales autoridades de esa entidad acusan de haber firmado un contrato fraudulento que obliga al erario estatal a pagar 6 mil millones de pesos a la empresa energética Next Energy por un parque fotovoltaico que nunca construyó.

En un contexto distinto, Alejandra Lagunes, conocida por operar la propaganda de Peña Nieto en redes sociales durante el sexenio pasado y actual senadora por el PVEM, integrante de la coalición gobernante, fue acusada por los órganos de justicia de República Dominicana de haber participado en una compleja red criminal que defraudó más de 100 millones de dólares al erario de ese país caribeño y los destinó al posicionamiento ilegal del ex procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, hoy preso, como candidato presidencial.

Por otra parte, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, denunció ante la Fiscalía General de la República al gobernador poblano, Miguel Barbosa, y al senador Alejandro Armenta, ambos de ese mismo partido, así como al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, a quienes acusa de organizar una persecución política en su contra. La demanda incluye también al procurador de Puebla, Gilberto Higuera.

La situación de Lagunes es singular, toda vez que los cargos en su contra proceden de otro país, lo que tendría que desembocar en un pedido de extradición que no podría ser procesado en un tribunal si antes no se lleva a cabo un proceso de desafuero, dada su condición de legisladora.

En todo caso, esta proliferación de casos judiciales debe atenderse con prontitud, eficiencia e imparcialidad. Los políticos opositores son investigados o se encuentran sometidos a proceso por su probable participación en desfalcos insoslayables u operaciones financieras inexplicables, cometidos en el pasado reciente, cuando ocupaban posiciones de poder de diversa jerarquía.

En el caso de los afines al gobierno o a sus partidos aliados, tal exigencia resulta doblemente necesaria, habida cuenta del compromiso inaugural del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que no se permitirían actos de corrupción en su mandato y no se toleraría la impunidad de servidores públicos.

Finalmente, la justicia efectiva y pareja para opositores y oficialistas es la forma más efectiva de desvirtuar la acusación en boga entre priístas, panistas y perredistas, quienes se declaran víctimas de persecución política a la menor acción judicial que los involucra.