omo casi todos los personajes siniestros de la política –nacional e internacional–, Luis Echeverría Álvarez no sólo murió tranquilamente en su hogar, sino que lo hizo como vivió: impune y protegido por un régimen igual de corrupto, asesino y tenebroso que él mismo. Falleció 54 años después de la masacre de Tlatelolco en 1968, 51 de la matanza del 10 de junio de 1971 (ambas organizadas por él, sin demérito del genocida Gustavo Díaz Ordaz en la primera de ellas) y 46 años de su último día en Los Pinos y nadie logró que pasará un día en la cárcel a pesar del cúmulo de pruebas en su contra.

Tiempo y elementos para juzgarlo y encarcelarlo hubo, y de sobra, pero entre mafiosos se protegen y el régimen lo cubrió. Echeverría ocupaba la Subsecretaría de Gobernación (su nombramiento fue en 1958) durante la huelga ferrocarrilera de 1959, que fue brutalmente agredida y sus dirigentes (Demetrio Vallejo y Valentín Campa) encarcelados, al igual que cientos de trabajadores del gremio; en 1963 ocupó la titularidad de esa dependencia, luego de que Díaz Ordaz fue destapado como candidato tricolor a la Presidencia de la República, y ese año fue la represión del movimiento estudiantil en la Universidad Nicolaíta; en 1964 Gustavo Díaz Ordaz, ya como inquilino de Los Pinos, lo ratificó en Bucareli, en donde siguió con la política de golpear a los movimientos populares: en 1965 cayó sobre los médicos y en 1966 dio otro porrazo, con todo y Ejército, a la Universidad Nicolaíta; en 1968 fue la masacre en Tlatelolco y el encarcelamiento masivo de estudiantes; ya como mandatario ordenó el halconazo e inicio la guerra sucia. Eso y muchísimo más, siempre manchado de sangre.

Los anteriores son sólo algunos ejemplos de su sangrienta pertenencia a la jerarquía política del Estado totalitario mexicano, pero pintan de cuerpo entero el estilo personal de gobernar (Daniel Cosío Villegas dixit) de este siniestro personaje, y en nuestro país los ha habido y en abundancia. Pero Luis Echeverría sobresalió y murió impune, como Gustavo Díaz Ordaz.

En su primer informe de Gobierno, el uno de septiembre de 1971, menos de tres meses después del halconazo, Echeverría intentó justificar así la masacre en San Cosme: “cuando un clima de superación animaba las tareas de la República y no existía razón para perturbar la paz ocurrieron actos inesperados de violencia que la nación ha lamentado. El 10 de junio un grupo numeroso de personas, compuesto en su mayor parte por estudiantes, iniciaba una manifestación en las calles de la Ciudad de México que fue disuelta por grupos de choque armados.

“La agresión ejercida contra los manifestantes y algunos periodistas nacionales y extranjeros que se encontraban en el lugar de los acontecimientos cumpliendo con su deber de informar, tuvo como trágica consecuencia algunas decenas de heridos y varias personas muertas. Estos hechos merecieron la condena de todos los sectores y muy especialmente de quienes debemos velar por la tranquilidad pública y la seguridad de los ciudadanos.

“La ley prevé, sin excepción alguna, los instrumentos de que el Estado puede hacer uso para la preservación del orden. Los regímenes democráticos se definen, en última instancia, por la limpieza de los procedimientos que emplean a fin de salvaguardar las instituciones. En su oportunidad reprobamos, categóricamente, los sucesos del 10 de junio.

Ante la representación nacional, reiteramos hoy al pueblo de México que habremos de mantener la autoridad legal de los poderes democráticamente constituidos y la fuerza moral de su investidura. Sabemos a quiénes benefician nuestras eventuales discordias. No estamos dispuestos a permitir que intereses ajenos, fracciones irresponsables o ambiciones egoístas de poder comprometan los objetivos que el pueblo comparte y está decidido a conseguir.

Responsabilizó de la matanza a Alfonso Martínez Domínguez (otra joya de la política mexicana rebautizada como Halconso), entonces regente del Distrito Federal; lo defenestró y se lavó las manos, pero las manchas de sangre que acumuló, que no fueron pocas, permanecieron indelebles y se las llevó a la tumba.

Las rebanadas del pastel

El tal Alito se queja amargamente, pues autoridades migratorias me retuvieron arbitrariamente durante más de una hora (por una alerta migratoria) en el aeropuerto Benito Juárez. Que se dé por bien servido y con mucha suerte, porque de no ser por una pifia de Palacio Nacional probablemente lo hubieran resguardado por algunos años y no precisamente en la terminal aérea.

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