n vísperas del encuentro de los presidentes de México y Estados Unidos, y de cara a los funestos acontecimientos en Texas donde 51 personas perdieron la vida, ningún tema puede preceder a una solución definitiva, o cuando menos avanzada, a la más grave asignatura pendiente en las relaciones entre ambos países: el doloroso éxodo de migrantes en condiciones cada vez más difíciles e inciertas.

La violación sistemática de los derechos humanos en ese tránsito azaroso de cientos de miles de connacionales, y también ciudadanos y menores provenientes de los países hermanos de Centroamérica y el Caribe, no es un problema privativo de grupos y particulares; no es un producto derivado sólo de la reprobable operación de bandas y organizaciones criminales –lo que no significa exonerarlos–, sino que es un asunto de Estado, que debe ser resuelto al más alto nivel, con disposiciones legales, políticas públicas y acciones de gobierno, en ambos lados de la frontera.

Las inercias de un capitalismo imperialista, como definía Lenin y que por naturaleza genera desequilibrios económicos y desigualdades sociales, son la raíz de un fenómeno que, lejos de cesar, se incrementa y que requiere de atención urgente y de fondo, como hemos expuesto en este mismo espacio de reflexión.

Las cifras así lo revelan. En los últimos ocho meses que van de octubre de 2021 a mayo de 2022, las detenciones de migrantes mexicanos que intentaron cruzar hacia Estados Unidos se incrementaron 35.2 por ciento, respecto del periodo octubre de 2020 a mayo de 2021, al pasar de 414 mil 345 a 560 mil 579 personas. De esta cifra, un dato adicional alarmante es que 19 mil 463 eran menores de edad que viajaban solos, sin sus padres, tratando de encontrar un mejor horizonte de vida.

De acuerdo con datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), desde 2021 a lo que va de este año, los migrantes mexicanos encabezan las cifras de arrestos, superando a los de los países del Triángulo del Norte, formado por El Salvador, Honduras y Guatemala, lo que altera la tendencia descendente que se habían observado en este siglo.

Para decirlo de manera puntual, año con año, las y los mexicanos arrestados por tratar de cruzar la frontera norte fueron: en 2019, 237 mil 78; en 2020, 297 mil 711; en 2021, 655 mil 594, y en lo que va de 2022, 560 mil 579.

Ante ese flujo creciente, la respuesta del gobierno estadunidense ha sido intensificar y recrudecer los operativos de detención, no ofrecer oportunidades legales y dignas de trabajo en una economía, la mayor del mundo, que ha prosperado justamente con el trabajo, el consumo y los impuestos que generan los migrantes, y en muchos casos también sus familias.

Los resolutivos de la reciente Cumbre de las Américas ilustran de cuerpo entero la lejana prioridad que las necesidades y angustias derivadas de la pobreza y la desigualdad en el subcontinente latinoamericano representa para los tomadores de decisiones públicas en el país vecino, a contracorriente del sentido común, que indicaría poner primero a lo que atañe al hemisferio.

Mientras para los expulsados por la guerra en Ucrania el gobierno de Estados Unidos se dijo dispuesto a recibir de inmediato a 100 mil refugiados, para todo el continente americano, para los que viven del Río Bravo hasta la Patagonia, el compromiso de ese país, suscrito en la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección, es recibir a 20 mil anuales. Es decir, cinco veces menos, cuando se trata del mismo continente, en donde cualquiera pensaría debiera haber más solidaridad y fraternidad regional, así como de grupo, espíritu de cuerpo.

En términos económicos la asimetría se ve aún peor: mientras el Congreso de Estados Unidos autorizó para Ucrania ayuda militar y humanitaria por 14 mil millones de dólares en marzo y otros 40 mil millones de dólares en mayo, es decir 54 mil millones, cifra que podría crecer de prolongarse el conflicto bélico, para ayuda estratégica destinada a inhibir la inmigración proveniente de América Latina, el gobierno de ese país se comprometió a gestionar en diciembre de 2021 recursos por mil 200 millones de dólares y mil 900 millones más al amparo de los acuerdos de la novena Cumbre Americana, es decir, 3 mil 100 millones de dólares en total. Se trata de una relación de apoyos de casi 20 a uno entre un caso y otro; además, en este último, recursos inciertos, volátiles.

En suma, para quienes provienen del sur, en lugar de apoyos y hospitalidad, hay muros y detenciones, una acción dolorosa e ineficaz, pues la frontera entre México y Estados Unidos ha sido históricamente porosa. Por una ley de vasos comunicantes en lo económico, lo normal es que las personas más vulnerables del continente se vayan al lugar más seguro y próspero –el norte– buscando mejores condiciones de vida.

Por eso la respuesta tiene que ser de fondo: además de promover un desarrollo equitativo en el continente, acuerdos para definir tránsitos legales temporales para quienes sólo buscan un empleo, en cifras realistas no simbólicas, y facilidades para acceder a un estatus migratorio regular para quienes ya viven, trabajan y consumen por años en Estados Unidos, como en su momento, al inicio, lo planteó el propio gobierno estadunidense en funciones, compromiso que no se ha cumplido. Legalidad, seguridad y respeto a los derechos humanos debe ser la premisa de una nueva relación entre nuestros países, vinculados por la geografía, la historia y, en buen grado, por la cultura, además del necesario cuidado del medio ambiente y el cambio climático.

*Presidente de la Fundación Colosio