a muerte del ex presidente Luis Echeverría Álvarez ha traído de nueva cuenta al primer plano el debate acerca de uno de los periodos más oscuros y contradictorios de la historia mexicana. Pese a que en 2005 Echeverría se convirtió en el único ex mandatario mexicano en ser llevado a juicio, la sensación generalizada es que falleció en impunidad, pues la condena a prisión por su responsabilidad en la matanza del 2 de octubre de 1968 (perpetrada cuando era secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz) le fue conmutada por arresto domiciliario, dos años después obtuvo un amparo y en 2009 fue finalmente exonerado. Por los hechos del Jueves de Corpus ni siquiera se le llegó a juzgar, ya que los delitos fueron clasificados como homicidio común y se consideró que ya habían prescrito.
En enero pasado, con motivo de los 100 años del político priísta, en este espacio se reflexionó en torno a la paradoja de un sexenio (1970-1976) en el que convivieron el impulso a un modelo económico que buscaba llevar el bienestar a las mayorías, una política exterior guiada por la defensa de la soberanía nacional y el respaldo a algunas de las causas más justas, y un descarnado autoritarismo interno que provocó tragedias como el halconazo del 10 de junio de 1971, el exterminio de los integrantes o simpatizantes de movimientos guerrilleros en Guerrero, o el inicio de las desapariciones forzadas en nuestro país, una herida que continúa abierta y en el centro de los reclamos de las personas y los colectivos que luchan por la justicia.
En parte por su papel central en aquellos acontecimientos, y en parte por la extraordinaria longevidad que le hizo sobrevivir a la extinción de casi todos los que le acompañaron en su ascenso y ejercicio del poder, Echeverría se convirtió en el máximo emblema de un régimen y de una etapa que hoy son recordados de manera abrumadora por su talante represivo y por la negación de libertades democráticas como la libertad de expresión. Así, su figura es identificada por las nuevas generaciones pese al paso del tiempo: si se considera que el sexenio echeverrista concluyó hace ya casi medio siglo, está claro que la gran mayoría de los mexicanos no sólo no lo vivió de primera mano, sino que probablemente tenga unas nociones muy tenues de lo ocurrido entonces.
Para los jóvenes, como también para muchos adultos, puede resultar incomprensible que un gobierno que persiguió con saña a estudiantes, campesinos, sindicalistas y, en general, a todo movimiento popular que cuestionase sus designios, al mismo tiempo fuera el creador de instituciones de tan innegable beneficio social, como la Universidad Autónoma Metropolitana, la de Chapingo, el Colegio de Bachilleres, el Conacyt, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Fondo de Vivienda del Issste, los fondos nacionales de Turismo (Fonatur), Artesanías (Fonart) y para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), o la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). También puede resultar sorpresivo que fuera bajo el mandato de Echeverría cuando se iniciaron o diseñaron dos de los proyectos más icónicos del México neoliberal y globalizado: los centros turísticos de Cancún y Los Cabos. Otro aspecto que quizás haya caído en el olvido es el papel de las derechas, y en particular del gran empresariado, el cual no criticó al echeverrismo por sus excesos autoritarios, sino por sus medidas de justicia social y por su solidaridad con el Chile democrático, la revolución cubana, los pueblos palestino y saharaui.
Sin embargo, en la década siguiente, la devaluación de la moneda y el endeudamiento del Estado causados, en parte, por su política de fuerte intervención en la economía, serían usados como pretexto para imponer la liberalización económica, la entrega de los bienes nacionales a manos privadas, el desmantelamiento de la seguridad social y la prevalencia del capital financiero, es decir, el modelo neoliberal. Sin duda, el postrero fracaso de su apuesta por mantener el modelo de crecimiento económico con integración de im-portantes segmentos sociales a las clases medias (es decir, la fórmula que había permitido al PRI construir y mantener su hegemonía política) resultó determinante en el juicio de la historia, que lo señala de manera implacable por sus graves violaciones a los derechos humanos.
