A pesar de que en leyes como la general de víctimas se establece el derecho para las personas que han sufrido diferentes tipos de violencia a recibir atención sicosocial, como parte de las acciones para garantizar su acceso a la justicia y a la reparación integral del daño, en fiscalías y organismos públicos de derechos humanos la impunidad, la falta de recursos y la revictimización obstaculizan el acceso a los servicios especializados necesarios, señaló el Centro de Análisis e Investigación Fundar.

Si bien en algunas de estas instancias se han creado áreas específicas con equipos especializados y comprometidos con la atención sicosocial, la impunidad generalizada sigue siendo una causa de revictimización permanente, afirma.

A esto se suman otras dificultades para implementar una perspectiva especializada, como la separación de la llamada atención a víctimas de otras áreas sustantivas para la investigación y la búsqueda. De este modo, las instituciones dan un mensaje contradictorio a las personas que son revictimizadas en una instancia y atendida en otra que le brinda espacios terapéuticos, talleres, entre otros. Éstos no siempre están especializados o carecen de consistencia en la atención, pues se cambia a las personas acompañantes sin previo aviso o no se cumplen los plazos para las visitas, debido a la falta de recursos, sostuvo.

▲ Las instituciones dan mensaje contradictorio a quienes son revictimizados, asegura el centro de análisis. En la imagen, familiar de desaparecido en marcha del jueves pasado.Foto Marco Peláez

Falta de comprensión

En el (Anti) Manual sobre enfoque sicosocial y trabajo con víctimas de la violencia y violaciones a los derechos humanos, Fundar señaló que algunas personas relatan haber sido revictimizadas durante la atención sicológica debido a la falta de comprensión de los impactos sicológicos y sociales.

A una mujer sobreviviente de violación sexual se le impartió un taller en el que se enseñaba a poner un condón a un pepino, ejemplificó.

Advirtió que incluso la revictimización se llega a dar a la hora de proponerse las medidas de reparación integral del daño. Indicó que otro obstáculo consiste en las actitudes arraigadas en algunas autoridades, que consideran que la participación de las víctimas es una intrusión en el proceso penal, además de la falta de capacitación, entre otras.