ara tratar el caso del narcotráfico (como también el de la educación), los gobiernos lo han asumido como una tarea exclusivamente propia. No han querido dar su lugar a un recurso fundamental para la construcción de nación que desde hace siglos han creado sus hombres y mujeres. Me refiero a la significativa tendencia a la comunalidad que Maldonado, Elorza y otros han venido identificando desde tiempo atrás y que plantea la participación y la deliberación de todos en los temas que afectan a todos. Y no es moda, ya Gudrum y Carlos Lenkersdorf, emigrados al sureste mexicano, contaban que en las antiguas comunidades mayas los misioneros intentaban hacer que se eligiera como representantes a sus favoritos. Y les pasaban papelitos con los nombres de los que debían elegir. No les hacían caso alguno.
Por su parte, a los gobiernos locales, federales e incluso institucionales, estos procesos definitivamente no les generan especial entusiasmo. No sólo porque una comunidad organizada estorba la construcción de un aeropuerto o un nuevo ferrocarril o porque rechazan una nueva ley o una termoeléctrica, sino porque en el fondo no pocas veces son un polo de contradicción, autonomía y un semillero de visiones generalmente distintas a la oficial. Materializan además una contradicción: mientras el objetivo de la gran mayoría de las iniciativas que imponen a las comunidades –incluso en sus tierras y aguas– tienen como fin primordial el beneficio reducido a una clase social y minoritaria, las visiones desde la comunalidad tienen como eje y motor central el trabajo de todos, pero también el beneficio de todos. Por eso, aún fragmentadas o aparentemente olvidadas, estas tendencias son vistas como peligro potencial. Sigue sin embargo vigente y fuerte la enorme capacidad de organización y resistencia que en la historia del país la comunalidad aparece una y otra vez como espacio y fortaleza de construcción de consensos, de acción y recuperación frente a fuerzas que les son hostiles.
Viene esto al caso porque desde un tiempo para acá el gobierno mexicano se enfrenta a una disyuntiva: o decide continuar solo y sólo militarmente su lucha contra el narcotráfico o comienza a pensar en una estrategia mucho más amplia, basada en un acuerdo nacional con todos y con todo el mosaico enorme de tendencias comunalistas que pueblan el país. Y no son pocos: en los decenios recientes (1990-…) se ha demostrado la enorme fortaleza y determinación de los zapatistas, las guardias comunitarias, la fuerza de Cherán, las y los compañeros de Samir Flores, los yaquis Tomás Rojo y Luis Urbano, y con ellos, también toda la fuerza y determinación de lucha que da el dolor de la pérdida o desaparición de cientos de miles. Es injusto que todo esto sea desechado como inútil para una lucha más amplia, como si ejército y policías efectivamente estuvieran resolviendo el problema. Tampoco desechar la de los normalistas, de las y los maestros de la CNTE y de los estudiantes de educación superior. Sus rebeliones esconden profundos reclamos y fuerzas profundas de acción, así como décadas de experiencias de luchas que son vitales para la nación.
Por otro lado, la vía militar formal no avanza mucho más. Y está sola, sin acompañamiento social. Y, además, parafraseando a un viejo maestro: en la guerra formal el ejército regular pierde si no gana, pero a las fuerzas irregulares simplemente les basta con no perder.
Lo que es indispensable entonces es un gran acuerdo nacional respecto del tema. De tal manera que no haya grupo, comunidad, segmento, escuela, institución que no se sienta incluido –no en una persecución, pues se regresaría a lo mismo–, sino en la construcción de un ambiente de cuidado mutuo, de discusión y las medidas al alcance en cada ámbito para darle la dimensión que requiere. La banca, las grandes constructoras, las instituciones educativas, las artes y espacios de todo tipo, ante este nuevo ambiente podrían adaptar nuevos estándares y perspectivas de conocimiento. Un gran pacto, por otro lado, no debe fincarse en el engaño, sino ser abierto y franco. En él se da cumplimiento a los reclamos actuales e históricos de los grandes conjuntos a quienes se quiere convocar. No se les puede llamar y poner en paréntesis sus reclamos de fondo, desde la lucha por el agua y la tierra hasta la lucha por los derechos de la mujer, pasando por la recuperación de las tierras, la ampliación sustancial de los beneficios sociales (desde la aportación de la minería), pero también derechos elementales, como a la salud digna para todos, derechos laborales (para maestros y trabajadores precarios), a la educación sin limitaciones ni trampas y la gratuidad y la libertad en la educación sin el yugo de evaluaciones. Es decir, un cambio profundo donde el tema del narco resulta ser la puerta de acceso a un cambio sustancial en la sociedad. Incluyendo en la educación.
* UAM-Xochimilco
A Octavio Sierra, gracias
