Madrid. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió sancionar con una multa de 203.6 millones de euros (4 mil 300 millones de pesos) a seis de las principales constructoras españolas, las cuales durante 25 años se reunieron de forma secreta para manipular y alterar las licitaciones de obra pública, sobre todo los grandes proyectos de infraestructuras, como carreteras, hospitales y aeropuertos.

El organismo regulador develó su modus operandi fraudulento, que las mantuvo en total impunidad durante un cuatro de siglo. Las empresas señaladas, todas ellas con negocios en México, son Acciona, Dragados, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Ferrovial, OHL y Sacyr.

Se trata de uno de los mayores escándalos en la contratación de obra pública, que además pone al descubierto una forma de hacer negocios de la que se sospechaba desde hace décadas, pero que hasta la fecha no había sido desnudada con tanta minuciosidad. El dictamen de la CNMC no deja lugar a dudas: las seis empresas trabajaban de forma coordinada, en secreto, conscientes de que estaban alterando las reglas del juego, con clara ventaja sobre el resto de competidoras y que les permitió convertirse en las grandes beneficiarias durante 25 años de las grandes obras de infraestructuras en España.

Según explicó la CNMC en su resolución, desde 1992 estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos. Entre las miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos y carreteras.

Las multas por un total de 203.6 millones de euros se reparten de la siguiente manera: Acciona Construcción SA (29.4 millones), Dragados SA (57.1 millones), FCC (40.4 millones), Ferrovial Construcción (38.5 millones), OHL SA (21.5 millones) y Sacyr Construcción SA (16.7 millones).

Estas empresas se reunieron de forma periódica, al menos una vez por semana, desde 1992 hasta el año 2017, para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado español. Y así explica el dictamen el curso de los encuentros: “En las reuniones, las empresas decidían los concursos en que iban a compartir –entre todas o en un subgrupo– una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. Los trabajos se encargaban conjuntamente por los miembros del grupo a empresas externas. Las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobación del resto de miembros del grupo. La única personalización admitida era la inclusión de logos y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas. Las empresas desarrollaron unas complejas normas de funcionamiento que fueron evolucionando durante el tiempo que duró la conducta”.

Además, durante estos encuentros, las empresas intercambiaban información comercial sensible (diferente de la necesaria para compartir los trabajos).

Las reuniones se cancelaron en 2017, cuando decidieron disolverse y reconocer que estos acuerdos podían ser contrarios a las normas de defensa de la competencia.