l presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, volvió a exculpar ayer al régimen marroquí por la parte de responsabilidad que le corresponde en la muerte de decenas de subsaharianos (entre 23 y 37, dependiendo de las fuentes) en la incursión masiva de migrantes que tuvo lugar el pasado 24 de junio en un paso fronterizo entre Marruecos y el enclave español de Melilla, en el norte de África. Según Sánchez, Europa debe reconocer el esfuerzo que está haciendo Marruecos, que también está sufriendo la presión de la migración irregular por defender, en este caso, la fronteras que no son suyas, que son las fronteras de España, y pidió la solidaridad europea para con el vecino reino alauita.

En una declaración anterior, el gobernante ya había elogiado la actuación de las fuerzas policiales de ambos países, las cuales trabajaron coordinadamente, calificó la incursión de ataque a la integridad de España y atribuyó la culpa de las muertes a las mafias que trafican con seres humanos. Tras la difusión de imágenes en las que podía verse cuerpos desparramados, golpizas a sobrevivientes heridos por policías marroquíes y guardias civiles españoles que lanzaban proyectiles de gas lacrimógeno a quienes se habían quedado ensartados en el alambre de púas de las vallas fronterizas, las autoridades de Marruecos inhumaron los cadáveres en fosas anónimas y tanto Rabat como Madrid optaron por acallar toda la información de la barbarie.

Las expresiones de Sánchez no sólo muestran complacencia y autocomplacencia ante políticas migratorias inhumanas, represivas e inequívocamente violatorias de los derechos humanos, sino que exhiben la obsesión que recorre el Palacio de la Zarzuela de quedar bien con un vecino autoritario y violento que no sólo reprime a sus ciudadanos y a los extranjeros que pasan por su territorio con la esperanza de llegar a tierras europeas, sino que practica contra la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) un expolio territorial incluso peor al que lleva a cabo Israel a expensas de Palestina.

Debe recordarse, en efecto, que en marzo pasado Sánchez consumó la traición histórica a los habitantes del antiguo Sahara español al aceptar, en una misiva enviada al rey marroquí, Mohamed VI, que el territorio ocupado de la RASD pase a convertirse en una región autónoma del reino alauita, postura manifiestamente contraria a la legalidad internacional y al principio de autodeterminación. A cambio de eso, Rabat renunciaría a sus reclamaciones sobre Ceuta y Melilla, las dos ciudades españolas enclavadas en territorio marroquí.

Ni los gobiernos de derecha de José María Aznar y Mariano Rajoy llegaron a tanta obsecuencia hacia Marruecos como lo ha hecho Sánchez, cuyas posturas fueron calificadas por sus propios aliados en el gobierno de herencia de las políticas de Donald Trump. Pero es importante considerar que el abandono de la tradicional neutralidad de España ante el conflicto saharaui-marroquí y el remplazo de estrategias migratorias por la simple brutalidad policial no son lineamientos de gobierno, sino de Estado. A fin de cuentas, hay numerosos puntos de encuentro económicos, políticos e incluso ideológicos entre dos monarquías belicistas, corruptas y opresivas –con catalanes y vascos, España, y con los saharauis, Marruecos– que se contemplan una a otra en el espejo desde ambas orillas del Estrecho de Gibraltar.