Coyuca De Benítez, Gro., La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) exigió a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, reabrir el caso Aguas Blancas y hacer justicia a los 17 campesinos asesinados en ese paraje del municipio de Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995, por efectivos de la Policía Estatal Motorizada y agentes judiciales. A su vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que las demandas por la liberación de los presos políticos y el esclarecimiento de las ejecuciones de dirigentes de organizaciones sociales se mantienen vivas.

El fundador de la OCSS, Hilario Mesino, de 84 años, encabezó ayer a unas 100 personas que marcharon al monumento que conmemora la matanza. No existe justicia a 27 años de la masacre del vado de Aguas Blancas, reprochó, mientras su hija Norma comentó: “Hemos vivido represión (…) como familia, hemos perdido a nuestros hermanos”.

Norma Mesino destacó que la OCSS ha tenido desplazados, desaparecidos, asesinados, masacres, y aquí estamos aunque nos quieran acallar y acabar con balas, con apapachos. Adelantó que vamos a recurrir a cortes internacionales. Nos queda claro que aquí no va a haber justicia.

Integrantes de la OCSS consideraron que debe resarcirse el daño no sólo a las viudas de los labriegos a quienes se dio muerte en 1995, sino también a sus padres e hijos. Pidieron justicia por los homicidios de los luchadores sociales Rocío Mesino, Miguel Ángel Mesino, Ranferi Hernández y Arturo Hernández, entre otros; igualmente, reclamaron la liberación de Antonio Barragán, Gilberto Aguirre, Gerónimo Hernández y Orlando Ávila, encarcelados desde hace más de 20 años en prisiones de Guerrero y Morelos.

En la movilización participaron la Asociación de Familias de Detenidos Desaparecidos, el Colectivo de Desaparecidos Guadalupe Rodríguez Narciso, el colectivo Emiliano Zapata y Corriente Crítica de México, entre otros organismos.

En tanto, el Ejército Popular Revolucionario afirmó en un comunicado que en el caso de Aguas Blancas, la justicia pasa por reabrir el caso y enjuiciar y castigar a los responsables.

La CNDH recordó en un video que difundió en redes sociales que la mañana del 28 de junio de 1995, miembros de la OCSS se dirigieron a Coyuca de Benítez para pedir el cumplimiento de promesas de ayuda a caficultores, pero policías estatales y judiciales los detuvieron y atacaron.

Rememoró que por estos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado mexicano aplicar medidas cautelares para proteger la vida e integridad física de testigos de la masacre, especialmente de la señora Virgilia Galeana y de familiares de las víctimas, además de que en su recomendación 104/95 acreditó violaciones a derechos humanos.

Con información de la Redacción