Nueva York. La primera reforma de control de armas en casi tres décadas fue aprobada por el Congreso y será promulgada en ley por el presidente, estableciendo una serie de medidas limitadas que buscan un mayor control, pero ninguna prohibición, en la adquisición y manejo de armas y que podrían ayudar a frenar el tráfico ilícito dentro del país e incluso con México.

El proyecto de ley fue aprobado ayer por 234 votos a favor y 193 en contra –casi exclusivamente dividido por partido– en la Cámara Baja después de prosperar en el Senado el jueves con el apoyo de 15 republicanos, producto de una intensa negociación bipartidista que logró poner fin a casi 30 años de inacción legislativa, y el presidente Joe Biden indicó que la promulgará ya que ayudará a proteger a estadunidenses.

La ley aprobada justo a un mes después de la masacre en una escuela primaria en Uvalde, Texas, que conmocionó al país, en la que murieron 19 niños y dos maestras, y de otros incidentes recientes, varios con motivos racistas, carece de las principales medidas promovidas por agrupaciones por el control de armas y varios líderes demócratas, como la prohibición de venta de armas semiautomáticas –como los rifles tipo AR-15 usados en Uvalde y otros tiroteos masivos– y verificación del historial de todo comprador.

Sin embargo, varias de estas organizaciones calificaron como un triunfo el solo hecho de que por primera vez en tres décadas hubo un paso en la dirección correcta.

Sin embargo, incluye algunos mecanismos diseñados para frenar ventas sospechosas para terceros e impone penas carcelarias para quienes compran armas que después son empleadas en actividades de narcotráfico o terrorismo, lo cual podría tener efectos positivos en torno al traslado ilícito de armas a otros países como México.

La ley incluye nuevos requisitos de verificación de historial personal de compradores menores de 21 años, incluyendo su salud mental, por las autoridades, y millones de dólares para leyes de alerta que permitan a las autoridades confiscar armas de personas que podrían representar un peligro. También dedica fondos federales para programas de salud mental y para incrementar las medidas de seguridad en las escuelas.

Los republicanos que votaron a favor de la legislación subrayaron, como lo formuló la diputada Liz Cheney, que nada en el proyecto de ley limita los derechos de dueños responsables de armas.

Eso fue insuficiente para convencer a la mayoría de los legisladores republicanos quienes, con el mismo guion de siempre, denunciaron que todo límite al supuesto derecho constitucional a las armas de la Segunda Enmienda –lo cual no está establecido explícitamente por la Constitución, sino es una interpretación de los conservadores– es una violación que amenaza todas las otras libertades.

Sin embargo, demócratas, y algunos republicanos, junto con organizaciones dedicadas al control del armas, se congratularon por esta primera ley de control de armas de fuego desde 1993.